La discusión sobre el futuro de Crucitas volvió a prender el debate político y ambiental en Costa Rica. El proyecto impulsado por el oficialismo para regular la exploración y explotación minera en Cutris de San Carlos encontró un fuerte muro de oposición en la Asamblea Legislativa, luego de que diputados del Frente Amplio, Partido Liberación Nacional y una legisladora del Partido Unidad Social Cristiana presentaran un total de 644 mociones contra la iniciativa.
El expediente 24.717 busca abrir un marco legal para intervenir en Crucitas, una zona que desde hace años enfrenta graves problemas relacionados con la minería ilegal, presencia de coligalleros, tráfico de oro y operaciones vinculadas al crimen organizado.
La masiva presentación de mociones representa un golpe político para el Gobierno, que ha insistido en que el proyecto pretende recuperar el control del territorio y enfrentar el caos que actualmente domina parte de la zona norte del país.
Desde el oficialismo sostienen que mantener la prohibición absoluta no ha detenido la extracción ilegal de oro y, por el contrario, ha permitido que estructuras criminales se fortalezcan alrededor de esta actividad clandestina.
Sin embargo, los sectores opositores consideran que permitir nuevamente la minería metálica a cielo abierto pondría en riesgo la imagen ambiental de Costa Rica y significaría un retroceso en una lucha que el país dio por cerrada hace varios años.
El movimiento legislativo también evidenció una alianza poco habitual dentro del Congreso. Fracciones que normalmente mantienen profundas diferencias políticas coincidieron esta vez en un mismo objetivo: frenar el avance del proyecto relacionado con Crucitas.
Ahora, el futuro de la iniciativa podría enfrentar importantes atrasos, ya que cada una de las 644 mociones deberá ser analizada, discutida y votada dentro del proceso legislativo.
El tema vuelve así a dividir opiniones en el país. Mientras algunos consideran que regular la minería podría ayudar a combatir la ilegalidad y devolver control al Estado en Crucitas, otros advierten que abrir nuevamente la puerta a este tipo de explotación tendría consecuencias ambientales y sociales difíciles de revertir.
