La salida de Randall Zúñiga de la dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sigue generando reacciones, luego de que el exjerarca se pronunciara públicamente sobre la decisión tomada por la Corte Plena y rechazara que su destitución esté vinculada con los casos más polémicos que han rodeado su gestión.
A través de un mensaje público, Zúñiga aseguró que durante los últimos meses se mezclaron señalamientos y versiones que, según él, no forman parte del procedimiento disciplinario que terminó con la revocatoria de su nombramiento.
“Considero necesario aclarar respetuosamente varios aspectos, especialmente porque durante meses se han mezclado públicamente hechos, procesos y señalamientos que no corresponden a lo resuelto”, manifestó.
El exdirector insistió en que la sanción impuesta no guarda relación con investigaciones mediáticas divulgadas en octubre del 2025 sobre presuntas violaciones sexuales, ni tampoco con expedientes ligados a nombres como Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza o los primos Barboza.
De igual forma, negó que en el proceso disciplinario se discutieran acusaciones relacionadas con el supuesto envío de fotografías de cadáveres o alertas sobre allanamientos judiciales.
“Eso no fue parte de este procedimiento”, sostuvo.
Según explicó, el juicio relacionado con esos otros señalamientos arrancará el próximo 25 de mayo del 2026.
Zúñiga también reveló que originalmente enfrentó 50 cargos disciplinarios, aunque finalmente solo seis derivaron en sanción. Para explicar su posición, utilizó una comparación con un proceso penal.
“Es como llevar a alguien a juicio por robo y terminar condenándolo por evasión fiscal, aunque eso no formara parte de la acusación inicial”, afirmó.
El exjerarca además defendió que nunca se comprobó la filtración de información confidencial o secreta desde su posición dentro del OIJ.
“No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, señaló.
Otro de los puntos centrales de su defensa fue que las conversaciones cuestionadas por las autoridades hacían referencia a hechos que ya habían sido divulgados públicamente, ya fuera por medios de comunicación o mediante declaraciones oficiales.
“Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente”, aseguró.
El exdirector adelantó que acudirá a la vía contencioso-administrativa para intentar revertir la decisión adoptada en su contra.
En la parte más fuerte de su pronunciamiento, Zúñiga afirmó que detrás de lo ocurrido existe un interés por debilitar al OIJ como cuerpo policial independiente.
“La institucionalidad democrática exige que las decisiones se adopten con base en prueba, legalidad y debido proceso, no por presión mediática ni por conveniencia coyuntural”, expresó.
Finalmente, lanzó una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales y sectores políticos:
“Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”.
