Un abogado y exregidor presentó el pasado viernes una denuncia penal ante la Fiscalía de San José contra los responsables de la toma del Edificio Administrativo B de la Universidad de Costa Rica, en la sede Rodrigo Facio, iniciada el miércoles 22 de abril anterior. La información fue dada a conocer por El Mundo CR.
La acción legal apunta a una lista de delitos: usurpación, daños agravados, coacción, asociación ilícita, instigación pública a delinquir y violación de domicilio, entre otros.
La denuncia fue interpuesta por Luis Carlos Núñez en su condición de ciudadano, no como representante de ninguna institución.
Lo que describe la denuncia
Según el documento, lo que arrancó como una concentración pacífica derivó en una toma violenta alrededor de las 3:30 p.m. del miércoles, con ruptura de puertas de vidrio, vandalismo en paredes y evacuación forzada de funcionarios y estudiantes.
«Los manifestantes han impedido el ingreso del personal administrativo y académico, han prohibido de hecho el acceso del rector, Carlos Araya Leandro, y demás autoridades superiores al ejercicio de sus funciones, y han exigido como condición para deponer la toma la renuncia del jerarca universitario», señala la denuncia.
El texto también menciona una amenaza de tiroteo recibida por la oficina de prensa de la UCR, que fue comunicada al OIJ y al Ministerio de Seguridad Pública, y que según la denuncia fue ignorada por los ocupantes.
Núñez señala además que la ocupación muestra señales de ser «concertada, premeditada y previamente planificada», y cita como evidencia la cuenta de Instagram «toma_rectoria2026» y la coordinación de funciones entre participantes.
El límite que marca la denuncia
El documento aclara que no va contra las demandas estudiantiles en torno al FEES, sino contra las acciones violentas.
«La presente denuncia no se dirige contra el contenido o las reivindicaciones legítimas del movimiento estudiantil universitario en torno al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), sino exclusivamente contra las conductas violentas, vandálicas y coactivas», aclara el texto.
El abogado le pide a la Fiscalía que ordene al OIJ identificar a los responsables, asegurar grabaciones de seguridad y registros digitales, y avanzar con la acción penal.
