Les dijeron que el carro era robado y les cobraron ₡10.000: dos policías suspendidos
Cuajiniquil, La Cruz, Guanacaste — El argumento fue una caja vacía de cervezas. Con ese pretexto, dos oficiales de la Fuerza Pública supuestamente presionaron a los ocupantes de un vehículo para que pagaran ₡10.000 en efectivo y evitar que se llamara a la Policía de Tránsito. Cuando las víctimas dijeron no tener problema con que revisaran el carro, los agentes escalaron la intimidación: les hicieron creer que el vehículo era robado, lo que no era cierto.
Los hechos ocurrieron el 3 de mayo, alrededor de las 7:00 a.m., en el puesto policial de Cuajiniquil de La Cruz, en Guanacaste. Esta semana, la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción de Liberia logró que el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenara la suspensión de ambos funcionarios por cuatro meses mientras avanza el proceso judicial.
Cómo operó el esquema
Según la versión de la Fiscalía, los oficiales apellidados Alvarado y Rocha detuvieron un vehículo en un control de rutina y al terminar la inspección señalaron que debían llamar a Tránsito porque los ocupantes transportaban una caja vacía de cervezas dentro del automóvil. Los conductores respondieron que no tenían inconveniente, pues aseguraban no haber consumido alcohol.
Ante esa respuesta, los agentes cambiaron de estrategia: comenzaron a afirmar que el vehículo podría ser robado, generando temor en los afectados. La Fiscalía sospecha que los imputados crearon deliberadamente la sensación de que los conductores podían ser detenidos, pero que la situación podía resolverse entregando dinero. Bajo esa presión, las víctimas entregaron ₡10.000.
La respuesta institucional
La Fiscalía calificó los hechos como concusión, delito que ocurre cuando un funcionario público abusa de su cargo para exigir o recibir dinero de forma ilegal. La medida cautelar de suspensión, solicitada por la sede de Liberia y acogida por el juzgado, busca que los oficiales no puedan interferir en la investigación ni continuar en funciones mientras el proceso avanza.
El caso ilustra un patrón que las autoridades anticorrupción han identificado en controles de carretera: la presión sobre conductores mediante amenazas de trámites, multas o retención del vehículo como palanca para obtener pagos informales.
