Inmigrantes en EE. UU. enfrentan redadas más agresivas y viven bajo temor constante, según expertos
A pocos meses de haber retomado el poder, el presidente Donald Trump acelera el paso en la implementación de su plan migratorio más duro hasta la fecha. Con la promesa de ejecutar el “programa de deportación masiva más grande de la historia”, su administración ha retomado políticas de mano dura que generan creciente preocupación entre comunidades migrantes y organismos de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos.
Según Andrés Cañizález, doctor en Ciencia Política y analista internacional, la situación actual ha generado un “clima de temor” entre los inmigrantes, incluso entre quienes cuentan con estatus migratorio regular o están en proceso de legalización. “Hoy es difícil afirmar que los inmigrantes tienen salvaguardas legales. Hay personas que han sido detenidas al llegar a tribunales para citas de asilo. Eso es alarmante”, comentó el especialista en temas migratorios.
Redadas más agresivas, incluso en tribunales
Uno de los aspectos más inquietantes es el incremento de las llamadas “redadas silenciosas”, una estrategia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en la que agentes detienen a personas directamente en juzgados, sin previo aviso. Esto ha sido reportado con mayor frecuencia en estados como Texas y Virginia, donde las políticas migratorias son más estrictas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido estas acciones, alegando que permiten “optimizar recursos”, aunque para muchos, representan una violación al debido proceso.
En contraste, estados como California, bajo la gestión del gobernador Gavin Newsom, han intentado implementar políticas de protección a inmigrantes. Aun así, ni siquiera esas jurisdicciones consideradas “santuarios” escapan de las redadas del ICE, lo que refuerza la sensación de vulnerabilidad entre las comunidades migrantes.
De escapar del crimen al estigma en EE. UU.
Cañizález, venezolano exiliado, comparó el fenómeno migratorio que atraviesa EE. UU. con la crisis vivida en su país natal. Recordó que miles de venezolanos huyeron por persecuciones, violencia o amenazas directas del crimen organizado, especialmente del grupo conocido como el Tren de Aragua. Sin embargo, denunció que ahora muchos de esos mismos migrantes son estigmatizados injustamente por las autoridades estadounidenses. “Hay casos de personas que escaparon del Tren de Aragua y ahora son acusadas de formar parte de esa banda. Es una paradoja tremenda”, señaló.
El limbo tras el cambio de gobierno
Con la eliminación de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para países como Venezuela, Haití, Nicaragua y Honduras, miles de personas han quedado atrapadas en una zona gris legal, con su permanencia sujeta a decisiones judiciales y políticas volátiles.
Aunque en el caso de Venezuela y Haití se logró frenar temporalmente la cancelación del TPS gracias a órdenes judiciales, los beneficiarios continúan viviendo con incertidumbre. Las fechas clave que deben tener en cuenta son:
TPS Venezuela (designación 2021): vence el 10 de septiembre de 2025.
TPS Haití: válido hasta el 3 de febrero de 2026, aunque sujeto a cambios judiciales.
Para Cañizález, lo más grave no es solo el cambio abrupto en la política migratoria, sino el impacto emocional que produce en las personas. “Esto no solo pone en riesgo su estatus legal, sino que también los debilita emocionalmente. Es una situación muy dura. Se pierde el sentido de seguridad, de estabilidad y de dignidad”, afirmó.
¿Qué pueden hacer los inmigrantes en este contexto?
Frente a este escenario, el especialista recomendó a las personas migrantes en Estados Unidos buscar orientación legal confiable y gratuita a través de organizaciones no gubernamentales especializadas en temas migratorios y humanitarios. “No se trata solo de cumplir requisitos legales, sino de conocer los derechos básicos y exigir un trato justo”, subrayó.
Desde Costa Rica —donde muchas familias tienen lazos cercanos con migrantes en EE. UU.— esta realidad no pasa desapercibida. Las historias de deportaciones, redadas y familias separadas generan angustia, pero también sirven de llamado urgente a la solidaridad, a la defensa del debido proceso y al respeto de los derechos humanos, sin importar el estatus migratorio.
