El diputado del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, no estuvo presente en la Asamblea Legislativa durante la presentación del paquete de proyectos de seguridad impulsado por la presidenta Laura Fernández, ya que acudió a los Tribunales de San José para ejercer como abogado defensor de un imputado en el denominado Caso Pana.
La ausencia del legislador coincidió con una de las actividades más relevantes del Ejecutivo en materia de seguridad, en la que se dieron a conocer seis iniciativas legales orientadas a combatir la delincuencia organizada, entre ellas una reforma constitucional para permitir la extradición de ciudadanos costarricenses requeridos por delitos graves.
Asumió la defensa de alias “Pana”
En lugar de asistir a la actividad legislativa, Villalobos participó en una audiencia de revisión de medidas cautelares en los juzgados especializados en Delincuencia Organizada.
El legislador representó legalmente a un hombre de apellidos Sánchez González, conocido con el alias de “Pana”, quien permanece en prisión preventiva desde 2025 tras ser detenido en Pérez Zeledón junto con otras seis personas.
El proceso judicial investiga a los imputados por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico internacional de cocaína con destino a Estados Unidos.
Investigación señala millonario patrimonio
Según el expediente judicial, la organización investigada habría acumulado bienes valorados en aproximadamente ₡1.000 millones durante un periodo cercano a cuatro años.
La investigación también sostiene que la estructura habría contado con el supuesto apoyo de funcionarios públicos, entre ellos un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y un jefe de la Policía de Tránsito, quienes presuntamente facilitaban información sobre operativos policiales.
Evitó responder a la prensa
Al concluir la audiencia, Villalobos abandonó los tribunales sin responder las consultas de los medios de comunicación sobre su decisión de atender un proceso penal privado mientras, de forma paralela, el Congreso recibía las nuevas propuestas del Poder Ejecutivo para reforzar la lucha contra la criminalidad.
Debate sobre el ejercicio profesional de los diputados
La actuación del legislador volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la compatibilidad entre el ejercicio privado de la abogacía y el desempeño como diputado.
Aunque la legislación costarricense no prohíbe que un congresista represente clientes en procesos judiciales y los diputados no están sujetos a un horario laboral estricto fuera de las sesiones y obligaciones parlamentarias, la participación de Villalobos en la defensa de un imputado por delincuencia organizada ha generado reacciones encontradas.
Algunos sectores consideran que un legislador involucrado en la discusión y aprobación de leyes relacionadas con seguridad pública debería abstenerse de asumir defensas en causas por delitos graves, al estimar que podría existir un conflicto ético o afectar la percepción ciudadana sobre su función pública.
Por otro lado, también hay quienes sostienen que el ejercicio de la profesión de abogado constituye un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y que, mientras no exista una prohibición legal, un diputado puede continuar representando clientes en procesos judiciales.
