La rebaja incluye fondos para nuevas plazas, delegaciones policiales, custodios y recursos que no podían ejecutarse.
Corte aprueba recorte de ₡13.242 millones y explica de dónde saldrán los recursos
La Corte Suprema de Justicia aprobó este lunes un recorte presupuestario de ₡13.242 millones como respuesta a la solicitud planteada por el Gobierno de la República para reducir el gasto público.
La cifra representa poco menos de la mitad de los ₡27.076 millones que el Poder Ejecutivo había solicitado inicialmente al Poder Judicial.
Recursos provendrán de varias partidas
La propuesta fue presentada por la Dirección Ejecutiva.
El ajuste fue aprobado tras casi cuatro horas de discusión.
Fondos no ejecutados representan el mayor monto
La principal rebaja corresponde a ₡8.688 millones que la Asamblea Legislativa había incorporado al presupuesto 2026, pero que, según explicó la directora ejecutiva Ana Eugenia Romero, no podían ejecutarse debido a una restricción establecida por el Ministerio de Hacienda.
OIJ y Ministerio Público dejarán de recibir recursos
El recorte impactará proyectos que estaban contemplados.
También afectará nuevas contrataciones.
Plazas y delegaciones quedarán sin financiamiento
Los recursos estaban destinados a la creación de 176 plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 99 plazas para el Ministerio Público, 109 custodios de detenidos, además de alquileres y compra de vehículos para futuras delegaciones en La Cruz, Cabo Velas y Puerto Jiménez.
Tipo de cambio y otros remanentes también aportan al ajuste
La reducción no proviene únicamente de recursos congelados.
Otras partidas permitieron completar el monto.
Diferencias presupuestarias completan el recorte
La propuesta incorpora además ₡2.005 millones generados por la variación del tipo de cambio, así como ₡241 millones por contrataciones fallidas, ₡241 millones en servicios públicos, ₡465 millones por prestaciones legales no utilizadas y ₡1.613 millones provenientes de devoluciones del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Autoridades advierten impacto operativo
Representantes del OIJ y del Ministerio Público manifestaron preocupación.
Consideran que la medida limitará la capacidad institucional.
Señalan afectación en seguridad y acceso a la justicia
El director general interino del OIJ, Michael Soto, indicó que las delegaciones previstas buscaban reforzar la atención en zonas con problemas de narcotráfico y violencia. Por su parte, la fiscala subrogante Karen Valverde advirtió que la reducción de recursos podría afectar la capacidad operativa del Ministerio Público para atender investigaciones y realizar operativos de gran magnitud.
