San José concentra más de 12 mil expedientes mientras aumentan las gestiones de resguardo legal.
Medidas de protección reflejan alta demanda por casos de violencia
Las estadísticas del Observatorio de Violencia del Poder Judicial muestran una elevada cantidad de solicitudes de medidas de protección en Costa Rica.
Los datos evidencian la magnitud de los procesos que ingresan diariamente a las autoridades para resguardar la integridad de personas que consideran estar en riesgo.
Más de un centenar de solicitudes cada día
Según la información disponible en la plataforma oficial, las autoridades reciben hasta 142 solicitudes diarias relacionadas con medidas de protección.
Estas gestiones se tramitan bajo los mecanismos establecidos en la Ley Contra la Violencia Doméstica.
Más de 23 mil casos registrados
Las cifras muestran un total de 23.075 expedientes ingresados vinculados con este tipo de protección.
Los datos reflejan la cantidad de personas que han acudido al sistema judicial en busca de medidas preventivas para proteger su seguridad.
San José concentra la mayor cantidad de casos
La provincia de San José registra el volumen más alto de expedientes activos.
De acuerdo con las estadísticas, acumula 12.330 casos circulantes dentro del sistema.
Medidas van más allá de relaciones de pareja
Las autoridades aclaran que estas protecciones no se aplican únicamente en situaciones relacionadas con relaciones sentimentales.
La normativa también contempla conflictos y situaciones de riesgo que involucran a otros miembros del entorno familiar.
Amplio rango de personas involucradas
Entre quienes pueden formar parte de estos procesos figuran cónyuges, hermanos, padres, abuelos, tíos, primos, novios y otras personas con vínculos familiares o afectivos.
El objetivo principal de estas medidas es prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física o emocional de los involucrados.
Herramienta clave para la protección personal
La Ley Contra la Violencia Doméstica permite a las personas solicitar acciones inmediatas de resguardo cuando consideran que existe una amenaza contra su bienestar.
Las cifras reflejan la relevancia que mantiene este mecanismo dentro del sistema judicial costarricense.
