El diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña afirmó que no impedirá el embargo de su salario como parte del proceso de cobro que mantiene la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aunque insiste en que continuará cuestionando judicialmente el monto que la institución le reclama.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en la que el legislador explicó que el procedimiento forma parte de los mecanismos legales establecidos para garantizar el cobro mientras se resuelve la controversia de fondo.
Reconoce que el embargo debe aplicarse
Villalobos señaló que conoce desde hace tiempo las implicaciones legales del proceso y sostuvo que el embargo es una consecuencia normal dentro de este tipo de procedimientos.
Según explicó, mientras los tribunales resuelven la discusión sobre la validez y el cálculo de la deuda, los mecanismos de cobro continúan su curso conforme a la legislación vigente.
“Aunque no estuviera de acuerdo, igual lo tienen que embargar”, manifestó el diputado.
Mantiene desacuerdo con la deuda reclamada
A pesar de aceptar el procedimiento, el legislador reiteró que no comparte el criterio utilizado por la CCSS para determinar el monto que le reclama.
Villalobos sostiene que existen cuestionamientos jurídicos sobre la forma en que se efectuó el cobro y adelantó que continuará defendiendo su posición ante las instancias correspondientes.
El congresista indicó que ya presentó recursos para impugnar la deuda y que llevará la discusión a la vía contencioso-administrativa.
Disputa legal continuará
El legislador argumenta que existen elementos jurídicos que deben ser analizados por los tribunales antes de determinar si el cobro realizado por la institución es procedente.
Por esa razón, aseguró que continuará utilizando los mecanismos legales disponibles para defender su posición y buscar una revisión del caso.
Afirma que seguirá trabajando normalmente
Villalobos también descartó que el proceso tenga consecuencias sobre sus labores legislativas y aseguró que mantendrá sus funciones en la Asamblea Legislativa con absoluta normalidad.
El caso ha generado atención pública debido a la magnitud de la deuda reclamada por la CCSS, la cual supera los ₡300 millones según la información divulgada anteriormente.
Mientras el proceso judicial avanza, el embargo salarial se mantendría como parte de las medidas de cobro previstas por la legislación costarricense.
