El Ministerio Público sostiene que no hubo delito porque no detectó intención de ingresar los teléfonos al penal.
La Fiscalía Adjunta de Limón respondió a los cuestionamientos planteados por el Ministerio de Justicia y aseguró que no existió omisión en la persecución de delitos relacionados con el ingreso de teléfonos celulares a centros penitenciarios.
La posición fue dada a conocer luego de las críticas formuladas por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, y en medio de una disputa que escaló hasta la presentación de una denuncia penal contra el Fiscal General.
Caso involucró a dos adultos mayores
Según explicó el Ministerio Público, los hechos analizados correspondieron a dos personas adultas mayores que llegaron a un centro penal portando teléfonos celulares.
De acuerdo con la versión oficial, ambas consultaron voluntariamente dónde debían dejar los dispositivos para su resguardo antes de ingresar, situación que fue tomada en cuenta durante el análisis del caso.
Fiscalía concluyó que no existía intención delictiva
El despacho judicial indicó que, tras revisar los hechos, determinó que no se configuraban los elementos necesarios para establecer la comisión de un delito.
La razón principal fue la ausencia de una conducta dolosa, es decir, que no se detectó una intención de introducir los teléfonos de manera ilícita dentro del centro penitenciario.
Rechazan señalamientos de omisión
Ante las críticas realizadas por autoridades del Ministerio de Justicia, la Fiscalía calificó como incorrecto afirmar que la institución se niega a perseguir delitos relacionados con este tipo de situaciones.
El Ministerio Público defendió que la decisión adoptada respondió al análisis específico de los hechos y de los elementos disponibles en el caso.
Conflicto se relaciona con denuncia contra el Fiscal General
La controversia surge en un contexto marcado por la denuncia penal presentada por el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, contra el Fiscal General, Carlo Díaz.
El jerarca sostiene que la Fiscalía estaría ignorando deliberadamente la reforma realizada en abril de 2025 al artículo 257 del Código Penal.
Según ese argumento, la normativa contempla penas de hasta cuatro años de prisión para quienes intenten introducir dispositivos de comunicación en centros penitenciarios.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene que en el caso analizado no existieron elementos suficientes para acreditar la intención requerida para configurar un delito.
