El fiscal general Carlo Díaz presentó una solicitud ante la Sala de Casación Penal para archivar 77 de las 121 causas penales abiertas contra Rodrigo Chaves Robles, quien actualmente ocupa simultáneamente los cargos de ministro de la Presidencia y ministro de Hacienda.
La gestión fue confirmada por el Ministerio Público y ahora deberá ser resuelta por el tribunal competente para conocer procesos judiciales relacionados con miembros de los Supremos Poderes.
Según los datos suministrados, la mayoría de los expedientes incluidos en la petición de cierre corresponden a casos donde la Fiscalía concluyó que no existía delito.
En total, 65 causas fueron catalogadas bajo el criterio de “atipicidad”, lo que significa que los hechos denunciados no encajan dentro de figuras penales contempladas por la legislación costarricense.
Otros 11 expedientes fueron incluidos por falta de prueba suficiente para continuar las investigaciones, mientras que uno adicional no detalló una causal específica dentro de la solicitud presentada ante la Sala.
Hasta el momento, la Sala de Casación Penal ya aprobó el archivo de 46 expedientes, mientras que otras 30 solicitudes continúan pendientes de resolución.
Además, existe un expediente adicional que todavía no ha sido remitido formalmente al Alto Tribunal.
Pese a la solicitud de archivo masivo, Rodrigo Chaves Robles aún mantiene 42 investigaciones activas bajo dirección del Ministerio Público.
Los expedientes abarcan hechos acumulados durante más de cuatro años y contemplan una amplia variedad de presuntos delitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y prevaricato.
Las investigaciones también incluyen causas relacionadas con presunta legitimación de capitales, tráfico de influencias, traición a la patria y supuestas acciones contra el orden constitucional.
A pesar del elevado número de expedientes abiertos, solamente dos casos avanzaron hasta la etapa de acusación formal acompañados de solicitudes de levantamiento de inmunidad.
Uno de ellos corresponde al expediente 25-000019-0033-PE, relacionado con un supuesto delito de concusión. Sin embargo, la Corte Plena no alcanzó los votos necesarios para autorizar el desafuero del ministro, dejando el caso detenido.
El segundo expediente, identificado como 22-000116-1218-PE, todavía se encuentra pendiente de análisis por parte de Corte Plena, órgano que deberá decidir si procede remitir una eventual solicitud de desafuero a la Asamblea Legislativa.
