San José — La presidenta Laura Fernández presentará un proyecto de ley para obligar a grabar en audio y video todas las visitas que reciban los presos de máxima seguridad en el Centro Penitenciario La Reforma, incluyendo las reuniones con sus abogados defensores. El Colegio de Abogados de Costa Rica respondió de inmediato: la medida viola el secreto profesional, una garantía constitucional.
El problema que busca resolver
El Ministerio de Justicia justifica la propuesta con un dato concreto: hay alrededor de 1.100 privados de libertad identificados como cabecillas de bandas criminales que, desde su celda, siguen girando órdenes para cometer homicidios, venta de drogas y sicariato. Las visitas de familiares y abogados son, según las autoridades, uno de los canales que utilizan para comunicarse con sus estructuras afuera.
El obstáculo constitucional
El Colegio de Abogados argumenta que grabar las reuniones entre un preso y su defensor viola directamente el artículo 41 de la Constitución Política, que garantiza el secreto profesional entre abogado y cliente. También señala que la medida entra en conflicto con la Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado internacional con rango superior a la ley ordinaria en Costa Rica.
Especialistas advierten que incluso si el proyecto reuniera los 38 votos necesarios para una reforma constitucional, el conflicto con los instrumentos internacionales de derechos humanos podría hacerlo inviable.
El dilema de fondo
La propuesta pone sobre la mesa una tensión real entre dos intereses legítimos: el derecho del Estado a cortar los canales de comunicación del crimen organizado dentro de las cárceles, y el derecho fundamental de cualquier persona acusada a contar con una defensa confidencial. Cómo resolver esa tensión sin vaciar de contenido uno de los pilares del debido proceso es la pregunta que el proyecto deberá responder antes de avanzar en la Asamblea.
