El Ejecutivo cuestionó requisitos legales, participación política activa y posibles conflictos de interés.
Consejo de Gobierno rechaza nombramiento de Rocío Alfaro para la Junta Directiva de la CCSS
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento de la exdiputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, como representante del sector sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La decisión fue comunicada mediante una certificación emitida el 26 de junio, luego de una recomendación técnica presentada por la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor.
Ejecutivo señala incumplimiento de requisitos
El rechazo se fundamenta en varios criterios legales.
La administración indicó que la candidata no reúne todas las condiciones exigidas.
Cuestionan experiencia y participación política
Según el documento oficial, Rocío Alfaro no acredita la competencia en materias económico-sociales requerida por la Ley Constitutiva de la CCSS. Además, el Consejo de Gobierno indicó que su participación político-electoral activa como agente electoral, militante y delegada territorial del Frente Amplio resulta incompatible con las disposiciones establecidas en esa legislación.
También mencionan posibles conflictos de interés
El informe incorpora otras observaciones.
Estas fueron consideradas durante el análisis del nombramiento.
Señalan vínculos familiares y posiciones públicas
El Consejo de Gobierno advirtió un posible conflicto de interés debido a vínculos familiares de Alfaro con funcionarios de la CCSS. Asimismo, señaló que sus manifestaciones públicas sobre la adjudicación de áreas de salud a cooperativas y una asociación podrían comprometer la imparcialidad y la honorabilidad exigidas para integrar la Junta Directiva.
Ejecutivo también rechazó a la suplente
La decisión alcanzó otra de las postulaciones.
El Movimiento Sindical había presentado una fórmula completa.
Martha Rodríguez tampoco fue avalada
El Consejo de Gobierno también rechazó el nombramiento de Martha Rodríguez como suplente. La decisión se fundamentó en su destitución de la Junta Directiva en octubre de 2025 tras un procedimiento relacionado con el principio de probidad y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, antecedente que el Ejecutivo consideró incompatible con el requisito de honorabilidad para ejercer el cargo.
