El proceso judicial que involucra al exdiputado de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, dio un nuevo giro este jueves luego de que se solicitaran medidas cautelares ante la Fiscalía General de Costa Rica en medio de investigaciones por presuntos delitos de hostigamiento y abuso sexual.
Piden arresto domiciliario e impedimento de salida
La gestión fue presentada por el equipo legal de Marulin Azofeifa y Alicia Castillo, quienes solicitaron acciones preventivas para garantizar el avance de las causas penales abiertas contra el exlegislador.
Entre las medidas planteadas figuran arresto domiciliario, impedimento de salida del país y, eventualmente, una orden de captura internacional en caso de que Alvarado no regrese a Costa Rica.
Salida del país genera nuevas tensiones
La solicitud ocurre luego de que el exdiputado abandonara el país el pasado jueves, apenas un día antes de perder oficialmente su inmunidad legislativa.
Ese movimiento incrementó la preocupación de las denunciantes y sus representantes legales, quienes consideran necesario que las autoridades adopten mecanismos para asegurar la continuidad de los procesos judiciales.
Dos investigaciones abiertas en Fiscalía
Actualmente, Fabricio Alvarado enfrenta dos expedientes en investigación dentro del Ministerio Público. Hasta el momento no existe una condena ni una resolución definitiva sobre las denuncias presentadas.
Las acusaciones han generado fuerte impacto político debido al perfil público del exdiputado, quien durante años fue una de las principales figuras del conservadurismo costarricense y excandidato presidencial.
El Congreso también conoció denuncias
En paralelo a las investigaciones penales, el caso también fue abordado dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica mediante el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para Diputados y Diputadas.
Sin embargo, el Plenario no logró concretar una sanción ética pública debido a la ausencia de legisladores vinculados al oficialismo, Nueva República y sectores aliados del Gobierno.
Caso mantiene atención política y judicial
La situación mantiene alta atención tanto en el ámbito judicial como político, especialmente por las posibles decisiones que adopte la Fiscalía respecto a las medidas cautelares solicitadas.
Mientras tanto, el caso continúa avanzando en medio de un ambiente de fuerte polarización y debate público sobre transparencia, responsabilidad política y acceso a la justicia.
