San José — Gerald Campos asumió este viernes como ministro de Gobernación y Seguridad Pública en el primer Consejo de Gobierno de la presidenta Laura Fernández. Campos llega al cargo más caliente del gabinete en un momento en que Costa Rica supera los 260 homicidios en lo que va de 2026, y con una agenda que Fernández ha descrito como de «mano dura» contra la criminalidad.
El nuevo equipo completo
La estructura del Ministerio de Seguridad Pública para el período 2026-2030 quedó conformada de la siguiente manera:
Ministro: Gerald Campos, proveniente del Ministerio de Justicia y Paz, donde se desempeñó durante toda la administración Chaves. Antes de ingresar al gobierno, fue subdirector del OIJ.
Viceministro de Unidades Especiales: Gerardo Castaing.
Viceministro de Unidades Regulares: Nelson Barquero Pérez.
Viceministro de Gobernación y Policía: Omer Emilio Badilla.
En el Ministerio de Justicia y Paz, que quedó en manos de Gabriel Aguilar, la estructura de viceministros incluye a Nils Ching Vargas en Asuntos Penitenciarios y a Sandra Elena Rodríguez como viceministra de Gestión Estratégica.
Quién es Campos y qué trae al cargo
Campos es una de las fichas inamovibles que se mantuvieron dentro del proyecto político desde 2022. Combina experiencia de campo —escaló desde investigador hasta la subdirección del OIJ— con gestión ministerial en el área de justicia.
Sin embargo, su llegada al cargo no está exenta de complejidad. Campos enfrenta un juicio pendiente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía General lo acusara en 2025 por un caso de presunta corrupción que se remonta a hace una década, cuando fungía como subdirector del OIJ. El proceso penal sigue su curso de forma paralela a su ejercicio ministerial
El contexto: el reto de seguridad que hereda Fernández
Fernández planteó una línea de «mano dura» frente a la criminalidad como una de las principales prioridades de su administración. En su discurso inaugural afirmó que «Costa Rica no puede normalizar la vergüenza de ver a sus instituciones penetradas por el crimen organizado.»
El gobierno entrante hereda 1.100 nuevos policías que se incorporarán al servicio en 2026, 1.800 patrullas adquiridas con fondos del BCIE para renovar la flota del ministerio, y el C-5 —el nuevo centro de mando policial— que estará terminado en agosto. La infraestructura existe; el reto es usarla para doblar una curva de violencia que, aunque en descenso respecto al pico de 2023, sigue siendo la más alta en décadas
