La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos sostiene que los propietarios de la cadena Supermercados Aragón, con establecimientos en Cariari de Pococí, Parrita y otras localidades, desempeñaron un papel clave dentro de la presunta organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, al facilitar, supuestamente, la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico.
La acusación forma parte del expediente remitido al Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), donde el Ministerio Público expone el supuesto funcionamiento financiero de la estructura.
Fiscalía señala a la familia Aragón
Según la acusación, Orlando Aragón Pérez, conocido como “Chepe”, junto con varios integrantes de su familia, habría colaborado con la organización mediante la utilización de empresas, bienes inmuebles, cuentas bancarias y actividades ganaderas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen presuntamente ilícito.
El expediente también indica que una de las hijas de Aragón Pérez mantiene un vínculo familiar con Arias Monge, ya que ambos tienen una hija en común.
Para la Fiscalía, la infraestructura comercial de la familia habría servido para incorporar dinero del narcotráfico al sistema financiero mediante actividades económicas aparentemente legítimas.
Empresas bajo investigación
Dentro del expediente judicial se mencionan varias sociedades mercantiles que, según la acusación, habrían sido utilizadas para desarrollar ese esquema.
Entre ellas figuran:
- Corporación Astúa Pirie S.A.
- Corporación Hermanos Aragón de Parrita S.A.
- Super Pequeños Aragón S.A.
- Importadora Joed del Caribe S.A.
El Ministerio Público sostiene que estas sociedades permitían mezclar recursos provenientes de actividades comerciales con dinero que, presuntamente, tenía origen en el narcotráfico.
Supermercado habría servido como fachada
La acusación identifica a Súper Aragón, ubicado en Cariari de Pococí, como la principal plataforma utilizada, presuntamente, para administrar bienes, realizar movimientos bancarios y dar apariencia de legalidad a recursos económicos vinculados con la organización.
Además, la Fiscalía sostiene que distintos miembros de la familia ocupaban cargos de dirección dentro de las sociedades investigadas.
Oficial habría alertado sobre operativos
El expediente también vincula a un oficial del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad Pública, quien, según la acusación, advertía con anticipación sobre operativos policiales y del Ministerio de Salud.
De acuerdo con el Ministerio Público, esa información permitía ocultar presuntas irregularidades en los establecimientos, entre ellas la supuesta venta de licor sin autorización y cigarrillos de contrabando.
La Fiscalía afirma que esas advertencias también eran compartidas con otros comercios que podrían ser inspeccionados.
Compras de vehículos, finca y ganado
Como parte de la investigación, el Ministerio Público menciona diversas adquisiciones que considera relacionadas con el supuesto proceso de legitimación de capitales.
Entre ellas destacan:
- Un Chevrolet Silverado ZR2 modelo 2023, valorado en $85.900.
- Un Toyota Hilux modelo 2021.
- Una finca en Cariari de Pococí, adquirida por ₡292 millones.
Según la acusación, estos bienes fueron inscritos a nombre de sociedades mercantiles con el objetivo de ocultar el origen del dinero utilizado para comprarlos.
La investigación también señala que se utilizaron cuentas bancarias de Corporación Astúa Pirie S.A. en el Banco Nacional y el BAC para realizar movimientos financieros que, presuntamente, permitían integrar esos recursos al sistema bancario.
Ganadería como supuesto mecanismo de legitimación
Otro de los métodos descritos por la Fiscalía corresponde a la actividad ganadera.
El expediente sostiene que la organización compraba ganado con dinero proveniente del narcotráfico para luego venderlo en subastas legales, obteniendo recursos con apariencia de origen lícito.
Informes confidenciales ya los vinculaban
La acusación incorpora varios reportes confidenciales elaborados entre 2020 y 2022, en los que ya se mencionaban presuntos vínculos entre la familia Aragón y la organización liderada por alias “Diablo”.
Uno de esos informes señalaba que la familia poseía propiedades en Barra del Colorado, Tortuguero y Cedrales, lugares que, según la información recopilada por los investigadores, eran frecuentados por Arias Monge.
También hacía referencia a la adquisición de vehículos nuevos y a inversiones inmobiliarias que, presuntamente, habrían sido financiadas con recursos ilícitos.
Investigación también alcanzó al fútbol
El expediente judicial señala que la familia Aragón también realizó inversiones relacionadas con el fútbol nacional.
Según un informe policial incorporado a la causa, existieron aportes económicos y patrocinios a la Asociación Deportiva Cariari Pococí, equipo que incluso utilizó el nombre comercial de Supermercados Aragón como patrocinador principal en su uniforme.
Además, interceptaciones telefónicas incluidas en la investigación reflejarían conversaciones sobre el manejo financiero del club.
Para los investigadores, este tipo de inversiones constituye una modalidad que organizaciones criminales presuntamente utilizan para mezclar recursos ilícitos con actividades económicas legítimas.
Las personas mencionadas en esta causa mantienen la presunción de inocencia y será el proceso judicial el que determine si existe o no responsabilidad penal por los hechos atribuidos por el Ministerio Público.
