Las deportaciones de Trump han separado a más de 100.000 niños de sus padres, según nuevo análisis
Una cifra que estremece acaba de salir a la luz. Un análisis elaborado por la Institución Brookings, uno de los centros de investigación más respetados de Estados Unidos, estima que más de cien mil niños han quedado separados de al menos uno de sus padres como consecuencia directa de la oleada de deportaciones impulsada por la administración de Donald Trump. Lo que resulta aún más impactante es que aproximadamente tres de cada cuatro de esos menores son ciudadanos estadounidenses, nacidos en suelo norteamericano, con todos los derechos que eso implica.
El hallazgo no solo pone en evidencia la magnitud humana de una política migratoria que el gobierno presenta como una medida de orden y seguridad, sino que abre un debate profundo sobre el costo que están pagando los niños por decisiones que ellos nunca tomaron.
Una madre detenida, un niño de dos años sin hogar fijo
Ledy Ordonez trabajaba en una tienda mayorista de pescados y mariscos en San Antonio cuando agentes migratorios entraron al lugar y se la llevaron detenida junto a cerca de diez personas más. Eso fue en julio del año pasado. Desde entonces no ha podido volver a casa.
Su hijo Alonzo tiene dos años, nació en Estados Unidos y hoy vive al cuidado de una amiga, no de un familiar, porque Ordonez no tiene más familia disponible. Desde el centro de detención en Texas donde permanece recluida, esta madre soltera ha visto pasar los meses mientras su hijo aprendía a caminar y a hablar sin ella al lado.
«Me he perdido de mucho», dijo en una de las pocas comunicaciones que ha podido tener con el exterior.
Su historia no es un caso aislado. Es el rostro humano de una tendencia que los datos confirman con números que resultan difíciles de procesar.
Lo que dicen los números y por qué importan
Los investigadores de Brookings, encabezados por la economista Tara Watson y la profesora de política pública Maria Cancian de la Universidad de Georgetown, construyeron su estimación a partir de datos del Censo y de los registros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Cruzaron variables como la edad, el sexo, la nacionalidad y el estado civil de los detenidos para calcular cuántos de ellos probablemente tienen hijos menores.
Su estimación central habla de unos 145.000 niños con ciudadanía estadounidense afectados. La cifra más conservadora de su modelo llega a 117.000, y la más alta a 175.000. Cualquiera de esos números es descomunal.
Para entender la escala de lo que está pasando basta compararlo con un episodio que en su momento generó una indignación mundial: en 2018, durante el primer gobierno de Trump, la llamada política de tolerancia cero en la frontera dejó a unos 5.500 niños separados de sus padres. Lo que está ocurriendo ahora supera eso por más de veinte veces.
El Departamento de Seguridad Nacional, por su parte, maneja cifras que hablan de unos 60.000 niños nacidos en suelo americano con padres detenidos, menos de la mitad de lo que estima Brookings. Los investigadores atribuyen esa brecha a que el gobierno no pregunta sistemáticamente a los detenidos si tienen hijos, y a que muchos migrantes prefieren no mencionar a sus hijos por miedo a complicar aún más su situación o poner en riesgo a quienes los cuidan.
Niños ciudadanos atrapados en una situación sin salida
Uno de los aspectos más paradójicos de esta crisis es que tener un hijo nacido en Estados Unidos, lejos de proteger a un padre migrante, puede terminar siendo el factor que los separa de manera definitiva. Los ciudadanos estadounidenses no pueden ser retenidos en centros de detención migratoria, de modo que cuando arrestan a uno de sus padres, el niño queda automáticamente fuera del sistema y en manos de quien sea que esté disponible para recibirlo.
Samantha Lopez tiene tres años y ciudadanía estadounidense. Su madre fue detenida por agentes del ICE el mes pasado tras una parada de tránsito rutinaria cuando se dirigía a su trabajo en un restaurante. Su padre, quien pidió que no se revelara su nombre completo por temor a represalias, contó que su esposa les informó a los agentes que tenía una hija pequeña. No cambió nada.
«Cuando nuestra hija habla con su madre, escucha atentamente y luego se pone a llorar», dijo. «Le están haciendo daño a mi hija estadounidense».
Los que quedan a cargo de los niños
Una de las preguntas más urgentes que deja esta crisis es quién cuida a estos niños. La respuesta, según los expertos consultados por los investigadores, es inquietante: la mayoría termina con amigos o parientes sin ningún vínculo legal formalizado, sin autoridad para tomar decisiones médicas o escolares, y en muchos casos con sus propias dificultades económicas encima.
Sharon Cartagena, abogada de derecho de familia de la organización Public Counsel en Los Ángeles, describió situaciones en las que niños pequeños quedaron con vecinos sin los documentos necesarios para atenderlos, o con hermanos mayores que ya tienen hijos propios y no tienen cómo asumir esa carga adicional.
La organización ha brindado asesoría sobre planes de custodia a más de 4.000 migrantes desde el año pasado, pero aun así recibe llamadas casi a diario de escuelas, iglesias y vecinos que no saben qué hacer con un niño cuyos padres acaban de ser detenidos.
Una crisis con consecuencias que van más allá de las fronteras
Para Costa Rica y el resto de América Latina, esta realidad no es ajena. Decenas de miles de familias centroamericanas y latinoamericanas tienen parientes en Estados Unidos que hoy viven con el miedo de que una parada de tránsito, una redada en el trabajo o simplemente estar en el lugar equivocado los separe de sus hijos para siempre.
El Congreso de los Estados Unidos, además, acaba de asignar 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención migratoria, lo que según los investigadores de Brookings significa que el número de niños afectados seguirá aumentando en los próximos meses.
Ordonez sigue detenida. Los agentes le han advertido que su deportación es inminente y que si no consigue un pasaporte para Alonzo a tiempo, se irá sin él. Su hijo de dos años, ciudadano del país que lo está dejando sin madre, quedaría en manos de personas que lo cuidan como un favor, no por obligación.
«Si me deportan, quiero llevarme a mi hijo», dijo entre lágrimas. Una frase que resume, con una sencillez devastadora, el tamaño de esta crisis.
