La Fiscalía estadounidense sostiene que el exmandatario cubano habría ordenado el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate.
El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la presentación de cargos penales contra Raúl Castro por presuntos delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, relacionados con el derribo de dos avionetas ocurrido en febrero de 1996.
La acusación fue formalizada por el Departamento de Justicia ante una corte federal en Florida y se centra en el incidente que costó la vida a cuatro integrantes de la organización Hermanos al Rescate, grupo que realizaba labores de búsqueda y asistencia a migrantes cubanos en el mar.
Según los fiscales estadounidenses, Castro, quien en aquel momento ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, habría autorizado la operación militar que terminó con el derribo de las aeronaves. Entre las víctimas se encontraban tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal en Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas sostienen que el ataque ocurrió sobre aguas internacionales, una conclusión respaldada años atrás por investigaciones de organismos internacionales de aviación. Por su parte, el Gobierno cubano defendió históricamente la actuación de sus fuerzas armadas argumentando que las avionetas habían violado el espacio aéreo de la isla.
La acusación también incluye a varios exmilitares cubanos que, según la investigación, habrían participado en la planificación o ejecución de la operación aérea.
El anuncio se realizó en Miami, ciudad con una importante comunidad de exiliados cubanos que durante décadas ha reclamado acciones judiciales por este caso, considerado uno de los episodios más tensos en las relaciones entre Washington y La Habana durante la década de 1990.
Por ahora, las autoridades estadounidenses no han explicado cómo podría concretarse una eventual detención de Castro, quien tiene 94 años y permanece en Cuba. Tampoco se han dado detalles sobre posibles solicitudes de extradición o mecanismos internacionales para intentar que comparezca ante la justicia estadounidense.
La decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre ambos países. En los últimos meses, la administración del presidente Donald Trump ha endurecido su postura hacia Cuba mediante nuevas sanciones económicas y medidas dirigidas contra figuras vinculadas al gobierno cubano.
Aunque el proceso judicial apenas comienza, la acusación reabre uno de los capítulos más polémicos de la historia reciente entre Estados Unidos y Cuba y podría añadir un nuevo foco de conflicto diplomático entre ambos gobiernos.
