El expresidente asegura que las conversaciones fueron privadas y acusa al gobierno de violar su derecho a la intimidad.
El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos para impedir la divulgación de grabaciones y transcripciones relacionadas con conversaciones privadas que sostuvo durante la preparación de sus memorias publicadas en 2017.
El caso fue presentado ante un tribunal federal en Washington D. C. y gira alrededor de audios grabados entre 2016 y 2017 junto al escritor Mark Zwonitzer, quien colaboró en la elaboración del libro Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose, una obra donde Biden relató momentos complejos de su vida personal y política, incluyendo la enfermedad y muerte de su hijo Beau Biden.
Según la demanda, las conversaciones se realizaron en un contexto estrictamente privado y dentro de la residencia del entonces exvicepresidente, por lo que sus abogados sostienen que el material está protegido por las leyes de privacidad y no debería hacerse público.
La defensa legal de Biden argumenta además que el gobierno federal mantuvo durante años la posición de que dichos documentos estaban exentos de divulgación bajo la Ley de Libertad de Información, conocida como FOIA. Sin embargo, aseguran que recientemente el Departamento de Justicia cambió de criterio y notificó su intención de entregar las grabaciones al Congreso y a grupos solicitantes.
La disputa surgió luego de una solicitud impulsada por The Heritage Foundation, organización conservadora que buscó acceder a los audios tras la publicación del informe del fiscal especial Robert Hur sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Biden.
Ese informe generó fuerte controversia política en Estados Unidos luego de incluir referencias sobre supuestas dificultades de memoria y señales de deterioro cognitivo del exmandatario, tema que ha sido utilizado constantemente en el debate político estadounidense.
Los abogados de Biden sostienen que la divulgación de estas conversaciones no responde a un interés legislativo legítimo y afirman que se trata de un intento político para exponer aspectos profundamente personales del expresidente.
De acuerdo con la demanda, el Departamento de Justicia tendría previsto entregar parte de los materiales el próximo 15 de junio, incluyendo versiones editadas de los audios y transcripciones.
La respuesta del Departamento de Justicia no tardó en llegar. En declaraciones enviadas a medios estadounidenses, la institución afirmó que defenderá la publicación de los materiales y aseguró que la ciudadanía tiene derecho a conocer el contenido de esas grabaciones.
La polémica también provocó reacciones del presidente Donald Trump, quien volvió a criticar públicamente a Biden mediante publicaciones en redes sociales, aumentando todavía más la tensión política entre ambos sectores de cara al escenario electoral estadounidense.
Analistas consideran que este nuevo enfrentamiento legal podría convertirse en otro episodio clave dentro de la intensa polarización política que vive actualmente Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con transparencia gubernamental, privacidad y capacidades físicas y mentales de figuras políticas de alto perfil.
