El exmandatario hondureño insiste en que fue víctima de una persecución política y niega vínculos con el narcotráfico.
Cinco meses después de recuperar su libertad gracias a un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández volvió a defender públicamente su inocencia y aseguró que las acusaciones que lo llevaron a una condena por narcotráfico en Estados Unidos formaron parte de una estrategia política impulsada por sus adversarios.
En una extensa entrevista con la BBC, Hernández sostuvo que nunca participó en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y afirmó que el proceso judicial en su contra estuvo basado principalmente en declaraciones de narcotraficantes que buscaban beneficios judiciales. Según su versión, no existieron pruebas documentales, grabaciones o evidencias materiales que demostraran los señalamientos formulados por los fiscales estadounidenses.
El exgobernante también vinculó las acusaciones a lo que considera una campaña impulsada por sectores de izquierda en Honduras y otros países de la región. En ese contexto, señaló que futuros procesos judiciales relacionados con el gobierno venezolano podrían, según él, demostrar que los verdaderos acuerdos entre políticos y organizaciones criminales fueron realizados por otros actores políticos.
Durante la conversación, Hernández defendió las políticas de seguridad implementadas durante sus años en el poder, destacando medidas como la aprobación de la extradición de ciudadanos hondureños requeridos por la justicia estadounidense, reformas policiales y nuevas leyes contra el crimen organizado. Aseguró que estas decisiones afectaron directamente a grupos narcotraficantes y provocaron represalias en su contra.
Las declaraciones contrastan con las conclusiones presentadas por fiscales federales de Estados Unidos, quienes durante el juicio lo acusaron de utilizar estructuras estatales para favorecer el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense. En ese proceso, varios narcotraficantes condenados declararon que supuestamente mantuvieron relaciones con figuras políticas hondureñas, incluyendo al entonces mandatario, acusaciones que Hernández continúa rechazando categóricamente.
El exmandatario también defendió a su hermano, Juan Antonio Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico. Según afirmó, tras revisar la documentación judicial no encontró elementos que respaldaran las acusaciones en su contra.
Otro de los temas abordados fue la situación política de Honduras. Hernández criticó duramente al partido gobernante durante los últimos años y señaló que algunas investigaciones y denuncias sobre presuntos vínculos entre políticos y narcotraficantes no recibieron la misma atención que las acusaciones dirigidas hacia él y su entorno.
Respecto a su futuro, confirmó que pretende regresar a Honduras y manifestó su confianza en que los procesos judiciales pendientes en su país terminarán resolviéndose a su favor. Sin embargo, aseguró que no tiene intención de volver a participar activamente en política y que su prioridad actual es compartir tiempo con su familia después de los años que pasó enfrentando procesos judiciales y encarcelamiento.
La figura de Hernández continúa generando división dentro de Honduras. Mientras sus seguidores consideran que fue víctima de una persecución política internacional, sus críticos sostienen que las investigaciones y testimonios presentados en los tribunales estadounidenses reflejan uno de los mayores escándalos de corrupción y narcotráfico que ha enfrentado el país centroamericano en las últimas décadas.
