El sistema judicial de El Salvador volvió a sacudir a la región con una serie de sentencias que no tienen antecedentes en su historia reciente. Decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados a penas acumuladas que superan, en algunos casos, los mil años de prisión, como parte de la estrategia estatal para desmantelar a las estructuras criminales más violentas del país.
La Fiscalía General de la República confirmó que uno de los fallos más severos impuso una condena de 1.335 años de cárcel a un miembro de la MS-13, mientras que otros pandilleros recibieron penas que van desde los 400 hasta casi los 1.000 años. Para las autoridades, estos castigos reflejan la gravedad y el impacto social de los delitos cometidos durante varios años.
Sentencias bajo el régimen de excepción
Los fallos se dictaron en el marco del régimen de excepción que rige en El Salvador desde marzo de 2022, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele tras una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. Este régimen ha permitido detenciones masivas y procesos judiciales acelerados, con el objetivo de debilitar de forma contundente a grupos como la MS-13 y Barrio 18.
Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido arrestadas desde la entrada en vigencia de esta política, aunque cerca de 8.000 fueron liberadas posteriormente al comprobarse que no tenían vínculos con estructuras criminales. El Gobierno sostiene que el impacto de estas acciones se refleja en una drástica reducción de los homicidios y otros delitos violentos.
Más de doscientos pandilleros condenados
En este proceso judicial, el Ministerio Público informó que 248 integrantes de la MS-13 fueron sentenciados por su participación en al menos 43 homicidios y 42 desapariciones, además de otros delitos como extorsión, tráfico de drogas y usurpación de viviendas. Las autoridades no detallaron si las condenas se dictaron en juicios individuales o colectivos, una práctica que ha sido cuestionada por organismos defensores de derechos humanos.
Para la Fiscalía, se trata de “condenas ejemplares” que buscan enviar un mensaje claro a las estructuras criminales: los crímenes cometidos durante años no quedarán impunes, independientemente del tiempo transcurrido.
Delitos que dejaron huella
Los hechos por los cuales fueron condenados los pandilleros ocurrieron entre 2014 y 2022 y abarcan crímenes de alto impacto social. Entre ellos figuran el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como campañas sistemáticas de extorsión contra comerciantes y familias enteras, prácticas que durante años sembraron temor en amplias zonas del país.
La Mara Salvatrucha, con presencia en varios países de Centroamérica y Estados Unidos, ha sido catalogada como organización terrorista por el Gobierno estadounidense debido a su carácter transnacional y su historial de violencia extrema.
Un mensaje interno y regional
Más allá del debate jurídico y político que rodea al régimen de excepción, estas condenas refuerzan la narrativa del Gobierno salvadoreño de ejercer una política de “mano dura” contra el crimen organizado. Para sus defensores, las sentencias representan justicia para las víctimas; para sus críticos, plantean interrogantes sobre el debido proceso y los límites del poder estatal.
Lo cierto es que las penas impuestas a los miembros de la MS-13 ya se convirtieron en un referente regional y colocan nuevamente a El Salvador en el centro de la discusión latinoamericana sobre seguridad, derechos humanos y la lucha contra las pandillas.
