El Gobierno liderado por Giorgia Meloni, de ideología extrema derecha, ha desatado controversia al amenazar con criminalizar incluso las protestas pacíficas, una medida que ha levantado críticas y preocupaciones por parte de expertos legales y trabajadores penitenciarios, quienes aseguran que esta medida no tiene precedentes en las democracias occidentales.
Este enfoque forma parte de una serie de políticas impulsadas por Meloni en materia de seguridad pública, las cuales buscan establecer nuevos delitos y aumentar las penas para los ya existentes, en vísperas de las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio.
Una de las cláusulas poco conocidas dentro de un proyecto de ley de seguridad del Gobierno podría resultar en la duplicación de las penas para los reclusos que protesten dentro de las cárceles, como aquellos en Parma que golpean los barrotes de sus celdas o se niegan a trabajar o alimentarse.
Expertos y trabajadores del sistema penitenciario expresan su preocupación por esta medida, ya que consideran que el verdadero problema de las cárceles italianas radica en la superpoblación y la falta de personal, lo que dificulta el acceso de los reclusos a servicios básicos como atención médica y educación.
Las cárceles italianas albergan actualmente a casi 61.000 reclusos, superando en aproximadamente 10.000 la capacidad oficial, mientras que el déficit de personal de seguridad es de alrededor de 7.000 guardias, lo que representa el 16% de la plantilla total.
En respuesta a esta situación, se han registrado protestas dentro de las cárceles, como la ocurrida en Parma el pasado 24 de febrero, donde un centenar de detenidos se negaron a comer o trabajar durante cuatro semanas para exigir mejores condiciones de higiene, atención médica y comunicación con sus familias.
A pesar de las críticas, el Gobierno de Meloni ha mantenido su postura de ley y orden, impulsando medidas como la represión de las fiestas rave ilegales y ahora, con la propuesta de tipificar como delito la resistencia pasiva dentro de las cárceles.
Esta iniciativa ha generado preocupación entre los expertos legales, quienes consideran que podría vulnerar el derecho a la protesta y contradecir sentencias judiciales previas. A pesar de ello, el proyecto de ley continúa su curso en el Parlamento, donde se espera que sea aprobado dada la mayoría del Gobierno en esa institución.
