Mientras en Washington se discuten recortes a programas sociales, en hogares como el de Jordan, en West Virginia, ya se sienten los temblores de lo que podría convertirse en una verdadera crisis alimentaria. Él, su esposa y sus dos hijos sobreviven con cerca de 700 dólares mensuales en cupones de comida del programa SNAP, pero asegura que «la comida no nos dura ni un mes».
El joven de 26 años trabaja a tiempo completo, pero si los cambios impulsados por el expresidente Donald Trump y respaldados por legisladores republicanos avanzan en el Congreso, no descarta buscar un segundo empleo para evitar que su familia pase hambre.
La batalla del Congreso y las mesas vacías
El programa SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), conocido también como «cupones de alimentos», es el principal sustento alimentario para más de 40 millones de personas en EE.UU.. Pero los nuevos planes de Trump y su partido buscan restringir aún más el acceso al programa, bajo la promesa de reducir el gasto público y fomentar el empleo.
En el papel, suena como un ajuste fiscal. En la práctica, podría representar que millones de familias de bajos ingresos pierdan parte —o toda— la ayuda con la que se alimentan.
«No hemos comprado huevos en cuatro meses»
Otro testimonio es el de Cameron Whetzel, de 25 años, quien también vive en West Virginia. Creció beneficiándose del SNAP, pero ahora, al ganar US$15 por hora, quedó fuera del programa.
«No está bien que tenga que duplicar mi salario para poder comprar alimentos», dice frustrado. «Llevamos cuatro meses sin comprar huevos porque son demasiado caros».
Whetzel cree que las decisiones tomadas en el Capitolio están desconectadas de la realidad que viven millones de estadounidenses. «Hacer un recorte federal que recae sobre estados que ya están en apuros es como patear a un caballo que ya está en el suelo», lamenta.
¿Trabajo o alimentación?
Una de las propuestas más polémicas contempla aumentar los requisitos laborales para poder recibir el beneficio, lo que afectaría especialmente a familias donde uno de los miembros cuida a niños pequeños o personas con discapacidad.
Jordan explica que su esposa no ha logrado conseguir trabajo estable porque debe cuidar de sus hijos. Si el Estado les exige que ella trabaje para conservar la ayuda, la familia quedaría atrapada entre la espada y la pared: sin comida o sin quién cuide a los niños.
Un debate que va más allá de la política
Aunque el tema parece encasillado en la polarización republicanos vs. demócratas, hay un consenso creciente entre los sectores sociales, religiosos y comunitarios de que reducir el acceso a los alimentos no es solo una cuestión económica, sino moral.
En comunidades rurales como las de West Virginia, donde el empleo estable escasea y los precios de los alimentos se disparan, los recortes podrían significar más que hambre: podrían erosionar aún más el tejido social de regiones ya golpeadas por décadas de abandono.
«Tanto si se cree en un gobierno pequeño como en uno grande, el gobierno tiene que proveer a alguien, de alguna manera», remata Whetzel. Y para muchas familias como la suya, ese “alguien” es lo único que mantiene comida en la mesa.
Los próximos meses serán decisivos. En juego no solo está el presupuesto nacional, sino también la dignidad de millones de personas que —aunque trabajen— no logran ganarle la carrera al hambre.
