Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos, centradas principalmente en aquellos que obstruyeron el proceso electoral en Venezuela, violando los derechos civiles y humanos de los ciudadanos. Entre los sancionados se encuentra Caryslia Beatriz Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien ratificó la controvertida reelección de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio de 2024.
Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyen la congelación de activos y restricciones de visa a los involucrados. Estas medidas buscan responsabilizar a los funcionarios del régimen por reprimir al pueblo venezolano, manipular el proceso electoral, y reprimir la libertad de expresión.
La administración Biden-Harris ha subrayado su compromiso de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano. Las sanciones afectan tanto a las propiedades de los funcionarios en Estados Unidos como a las transacciones financieras que involucren sus bienes.
Además, estas acciones se suman a la presión internacional sobre el régimen de Maduro, destacando el arresto y exilio del candidato opositor Edmundo González Urrutia, lo que refuerza las acusaciones de fraude y represión política en el país.
