La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela ha divulgado un extenso informe de 158 páginas, que analiza la situación en el país desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 31 de agosto de 2024. El documento señala a las fuerzas de seguridad y a grupos civiles armados progubernamentales por su participación en serias violaciones de derechos humanos, tales como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, y violencia de género.
«Participación masiva» de las instituciones en violaciones
El informe destaca que las fuerzas de seguridad han estado «involucradas masivamente» en prácticas como detenciones arbitrarias, represión de manifestaciones mediante el uso excesivo de la fuerza, y tratos crueles y degradantes. Entre los principales actores mencionados están el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana, y la Policía Nacional.
Asimismo, el documento resalta que las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, especialmente a partir del 28 de julio, incentivaron la represión y fomentaron un ambiente de hostilidad y violencia en el país.
Falta de independencia y transparencia
El informe también apunta a otras instituciones estatales, como el Consejo Nacional Electoral, que según el informe «no cumplió con los principios básicos de transparencia e integridad». La Asamblea Nacional, por su parte, fue señalada como «instrumental en la aprobación de leyes que restringen los derechos humanos y limitan el espacio cívico y democrático», mientras que el sistema de justicia sigue operando con una «falta de independencia».
Víctimas de la represión: un perfil más amplio
Aunque los informes previos de la misión, creada en 2019, ya habían acusado al Estado venezolano de cometer violaciones graves de derechos humanos, el nuevo documento subraya que el perfil de las víctimas de la represión «se amplió significativamente» durante el periodo electoral. Ya no solo fueron líderes de la oposición y figuras sociales, sino también «ciudadanos comunes que manifestaron su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales».
Durante los 10 meses previos a las elecciones, al menos 48 personas fueron detenidas bajo sospechas de conspiración, muchas de ellas en la denominada «Operación Brazalete Blanco». Además, la campaña electoral registró otras 121 detenciones de individuos acusados de colaborar con la oposición.
Campañas de represión selectiva y masiva
Estas detenciones, según la misión presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, sirvieron de excusa para una represión focalizada contra militares, políticos, y activistas de la sociedad civil. La misión, que también cuenta con los expertos Francisco Cox de Chile y Patricia Tappatá de Argentina, subraya que la represión se intensificó tras los resultados electorales. Las autoridades venezolanas habrían lanzado una campaña de detenciones «masivas e indiscriminadas», con un número de arrestos que alcanzó cifras comparables con las olas de protestas de 2014, 2017 y 2019.
El informe no solo arroja luz sobre la gravedad de la situación en Venezuela, sino que también evidencia un patrón persistente de violaciones de derechos humanos y un endurecimiento de la represión por parte del gobierno en el contexto de un proceso electoral marcado por la falta de transparencia y la persecución de la disidencia.
