La Corte alegó que la agenda aborda competencias jurisdiccionales y advirtió además sobre el impacto de recortes.
Corte se aparta de reunión de seguridad convocada por Laura Fernández
La relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial sumó un nuevo episodio este viernes, luego de que las autoridades judiciales convocadas decidieran no participar en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública programada para el lunes 20 de julio.
La posición fue comunicada a la presidenta Laura Fernández mediante el oficio 251-P-2026, firmado por Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia. El documento responde formalmente a la convocatoria enviada desde Casa Presidencial.
El argumento central de la Corte está relacionado con el contenido previsto para la reunión. La institución considera que algunos puntos corresponden a actuaciones y decisiones propias de la función jurisdiccional y que discutirlos en ese espacio podría comprometer la autonomía con la que deben resolverse casos concretos.
Poder Judicial alega riesgos para su independencia de criterio
La preocupación señalada por Aguirre involucra particularmente la participación de la Presidencia de la Corte y de la Presidencia de la Sala Tercera de Casación Penal.
El oficio sostiene que intervenir en deliberaciones sobre asuntos ligados a competencias jurisdiccionales podría generar posiciones o compromisos que posteriormente condicionen el criterio de quienes deben conocer procesos judiciales. Ante ese escenario, la Corte determinó que sus autoridades convocadas no acudirán al encuentro.
La decisión no implica, de acuerdo con la comunicación, que el Poder Judicial se desligue de la discusión sobre la inseguridad. Aguirre defendió el papel que cumplen las instituciones de investigación, persecución penal y administración de justicia dentro de la respuesta estatal contra la criminalidad.
La negativa ocurre, además, el mismo día en que Fernández elevó públicamente sus cuestionamientos contra la actuación del Poder Judicial. Durante una actividad policial en Desamparados Norte, la mandataria reclamó una respuesta más firme contra la delincuencia y reiteró que continuará promoviendo reformas legales relacionadas con el sistema de justicia.
Recorte presupuestario también entra en la discusión
La Corte incorporó otro elemento al intercambio institucional: el presupuesto del Poder Judicial. El próximo lunes, fecha prevista para el Consejo de Seguridad, Corte Plena también tendrá su sesión ordinaria y analizará las consecuencias de una reducción de recursos comunicada por el Ministerio de Hacienda.
Según la posición remitida por Aguirre, las restricciones financieras pueden afectar la contratación de personal, el avance contra el rezago judicial y las capacidades destinadas a investigación criminal, persecución penal y atención de víctimas.
El presidente de la Corte planteó que existe una contradicción entre discutir mecanismos para fortalecer la seguridad y, paralelamente, reducir los recursos disponibles para las instituciones encargadas de investigar delitos y administrar justicia.
La reunión del lunes queda así sin la participación de las autoridades judiciales convocadas. El episodio profundiza las diferencias públicas entre Casa Presidencial y la cúpula judicial, en momentos en que Fernández mantiene como uno de sus principales ejes políticos las reformas vinculadas con seguridad y funcionamiento de la justicia.
