La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, ordenó el regreso de la Policía de Control de Drogas (PCD) a los puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país, dejando sin efecto la decisión adoptada durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves de retirar a este cuerpo especializado de esos puntos estratégicos.
Con la nueva directriz, los agentes de la PCD volverán a desempeñar labores permanentes de control e inspección en las principales terminales marítimas, aéreas y terrestres de Costa Rica, consideradas zonas clave para combatir el narcotráfico internacional.
Se revierte una medida del gobierno anterior
Durante la administración de Rodrigo Chaves, los oficiales de la PCD fueron reasignados a labores de investigación y operativos en comunidades, con el argumento de fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales desde su base de operación.
Esa decisión generó cuestionamientos de distintos sectores políticos, judiciales y vinculados a la seguridad, que advertían sobre los riesgos de reducir la presencia de personal altamente especializado en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.
Entre las principales críticas se señalaba que la ausencia de estos agentes podía debilitar la fiscalización en puntos estratégicos utilizados por organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas.
Gobierno apuesta por reforzar los controles
La presidenta Laura Fernández justificó el cambio al señalar que la presencia permanente de la PCD en las terminales internacionales es un componente esencial para fortalecer la seguridad nacional y enfrentar al crimen organizado.
La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Poder Ejecutivo para reforzar los controles en las fronteras y mejorar la capacidad de detección de actividades relacionadas con el narcotráfico.
Asimismo, se enmarca dentro del proceso de reorganización del Ministerio de Seguridad Pública, que busca fortalecer los mecanismos de vigilancia y elevar los estándares de control en los principales puntos de ingreso y salida del país.
Con esta decisión, el Gobierno pretende reforzar la capacidad operativa de las autoridades en zonas consideradas de alto riesgo para el trasiego internacional de drogas y otras actividades vinculadas al crimen organizado.
