Una denuncia administrativa fue presentada ante la Inspección Judicial contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, por una presunta beligerancia política y posibles incumplimientos al reglamento sobre conflictos de interés que rige para los funcionarios del Poder Judicial.
La gestión fue interpuesta por el abogado Esteban Aguilar Vargas, quien solicitó la apertura de una investigación preliminar para determinar si las actuaciones de ambos jerarcas judiciales podrían constituir una eventual falta disciplinaria.
En el caso de Carlo Díaz, el denunciante cuestiona diversas declaraciones públicas relacionadas con la situación política del país, el expresidente Rodrigo Chaves, el partido oficialista y otros comentarios sobre el estado de la democracia costarricense.
Respecto a la magistrada Patricia Solano Castro, la denuncia también plantea que algunas de sus manifestaciones públicas deben ser analizadas a la luz de las normas de imparcialidad y de los deberes que impone el reglamento sobre conflictos de interés dentro del Poder Judicial.
Como parte de la gestión, Aguilar solicitó que la Inspección Judicial preserve entrevistas, videos, publicaciones y cualquier otro material que considere relevante como eventual prueba dentro del expediente.
Ahora corresponderá a la Inspección Judicial valorar el contenido de la denuncia y determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal o si procede desestimarla.
Hasta el momento, ni el fiscal general Carlo Díaz Sánchez ni la magistrada Patricia Solano Castro se han pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada en su contra.
