La muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado durante un operativo migratorio en Houston, Texas, continúa generando reacciones en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos civiles exigieron una investigación independiente y pusieron en duda la versión oficial presentada por las autoridades federales sobre lo ocurrido.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, considerada la mayor organización de derechos civiles de la comunidad hispana en Estados Unidos, calificó el caso como un presunto homicidio y pidió que el incidente sea investigado por un organismo ajeno a las agencias federales involucradas.
El pronunciamiento surgió luego de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informara que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas intentaron detener el vehículo conducido por Salgado, de 52 años.
Según la versión oficial, el conductor trató de escapar del operativo y utilizó el automóvil para embestir una patrulla y poner en riesgo la vida de un agente, quien respondió disparando en defensa propia.
Salgado murió posteriormente tras ser trasladado a un centro médico.
Sin embargo, representantes de LULAC cuestionan esa explicación y aseguran que existen similitudes con otro caso ocurrido meses atrás, cuando una ciudadana estadounidense falleció durante una intervención de agentes federales.
El director ejecutivo de la organización, Juan Proaño, recordó que en enero las autoridades ofrecieron una versión similar sobre la muerte de Renee Good, al señalar que un vehículo había sido utilizado como arma. No obstante, indicó que posteriormente se difundieron imágenes del hecho que, según la organización, plantearon interrogantes sobre la actuación del agente involucrado.
Ante esos antecedentes, LULAC considera indispensable que el caso de Salgado sea analizado por investigadores independientes.
La familia del ciudadano mexicano también rechazó la actuación de las autoridades.
Durante una conferencia de prensa, su hijo, Ronaldo Salgado, aseguró que su padre llevaba alrededor de 35 años viviendo en Estados Unidos, donde formó una familia, administraba una pequeña empresa de construcción y era padre de tres ciudadanos estadounidenses.
Según sus familiares, además había iniciado los trámites para regularizar su situación migratoria.
«Mi padre no merecía morir. Merecía una vida tranquila como esposo, padre y generador de empleo», expresó Ronaldo Salgado al solicitar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias del operativo.
Por su parte, el presidente nacional de LULAC, Román Palomares, afirmó que, mientras no existan pruebas públicas que respalden la versión oficial, la organización mantiene serias dudas sobre la legalidad del uso de la fuerza durante el procedimiento.
Otro de los dirigentes de la organización, Domingo García, sostuvo que el caso trasciende la situación migratoria de la víctima y expresó preocupación por el impacto que este tipo de operativos tiene sobre las comunidades latinas.
Además de exigir una investigación independiente, LULAC anunció una recompensa de 5.000 dólares para cualquier persona que aporte información que contribuya a esclarecer lo ocurrido.
El caso representa el primer tiroteo mortal en el que participan agentes federales de inmigración desde enero y se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, una estrategia que ha incrementado los operativos de detención y continúa generando un intenso debate sobre el uso de la fuerza y la protección de los derechos civiles durante los procedimientos migratorios.
