La Junta de Protección Social (JPS) advirtió sobre el crecimiento de los llamados tiempos clandestinos, una modalidad de lotería ilegal que, según la institución, ya estaría captando aproximadamente el 50% del mercado de juegos de azar en Costa Rica.
El gerente general de la JPS, Allan Marín, señaló que esta situación está afectando directamente los recursos que la institución destina a programas sociales y organizaciones de bienestar.
Menos recursos para programas sociales
Marín explicó que cada colón que deja de ingresar a la JPS representa menos dinero para hogares de adultos mayores, organizaciones de bien social y otros programas financiados con las utilidades de la institución.
“Para que lo entiendan, esto es ir a una organización de bien social, de ancianos, a un lugar de larga estancia donde le damos ¢10 millones al mes, ahora les vamos a dar ¢8 millones al mes, ahora les vamos a dar ¢6 millones, porque esos dineros desaparecen de la JPS, no pagan impuestos y no ayudan a los más necesitados”, afirmó.
¿Por qué atraen más los tiempos clandestinos?
Según la JPS, una de las razones por las que estos juegos ilegales han ganado terreno es que ofrecen porcentajes de pago superiores a los de la lotería oficial.
Mientras la lotería administrada por la Junta distribuye premios dentro de una estructura cercana al 70%, las loterías clandestinas ofrecen pagos que oscilan entre el 90% y el 95%, dependiendo de la modalidad.
No obstante, las autoridades recuerdan que quienes participan en estos juegos no cuentan con ninguna garantía legal para reclamar premios o presentar denuncias en caso de incumplimientos.
Proyecto busca endurecer sanciones
La preocupación por el crecimiento de la lotería ilegal también llegó a la Asamblea Legislativa, donde actualmente se analiza un proyecto de ley que pretende imponer penas de hasta seis años de prisión a quienes comercialicen lotería clandestina.
La JPS insiste en que combatir este mercado ilegal es fundamental para proteger los recursos que financian programas sociales en todo el país y garantizar que las utilidades continúen beneficiando a poblaciones vulnerables.
