La justicia colombiana ordenó que un inmueble relacionado con el exguardameta René Higuita pase a propiedad del Estado, luego de que un juez concluyera que el exfutbolista figuró como titular del bien para ocultar su verdadero origen.
La decisión fue emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Medellín, tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Colombia dentro de un proceso de extinción de dominio.
De acuerdo con la resolución judicial, la vivienda, ubicada en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, habría sido adquirida con dinero proveniente del desaparecido Cártel de Medellín, organización criminal encabezada por Pablo Escobar.
La investigación sostiene que el inmueble fue inscrito inicialmente a nombre de otras personas que, presuntamente, actuaron para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios. Posteriormente, el registro quedó a nombre de René Higuita, quien, según determinó el juez, habría servido como testaferro dentro de la cadena de titularidades.
Entre los presuntos propietarios reales del inmueble aparecen William Moncada y Gerardo «Kiko» Moncada, ambos señalados por las autoridades como integrantes del Cártel de Medellín y vinculados a la estructura financiera de esa organización criminal.
Las pesquisas también indican que el inmueble pasó por diferentes titulares antes de quedar registrado a nombre del exarquero, un mecanismo que, según la Fiscalía, buscaba dificultar el rastreo del origen de los recursos utilizados para su compra.
Como consecuencia del fallo, la propiedad quedó bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad colombiana encargada de gestionar los bienes que son objeto de procesos de extinción de dominio.
La extinción de dominio es una figura contemplada en la legislación colombiana que permite al Estado recuperar bienes cuando se demuestra que fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades ilícitas o utilizados para favorecer organizaciones criminales, independientemente de que exista una condena penal contra quienes figuren como propietarios.
