El debate sobre la seguridad y la delincuencia juvenil volvió a tomar fuerza en Chile luego de que el gobierno anunciara su intención de impulsar cambios en la legislación penal para endurecer las sanciones contra adolescentes involucrados en delitos de alta gravedad.
La administración del presidente José Antonio Kast adelantó que enviará al Congreso una propuesta para permitir que jóvenes mayores de 16 años puedan enfrentar procesos judiciales bajo normas similares a las aplicadas a personas adultas cuando se trate de ciertos delitos considerados especialmente graves.
La iniciativa contempla casos como homicidios, agresiones sexuales, incendios y otros hechos de alto impacto criminal.
El anuncio surge en un contexto de fuerte conmoción pública luego del asesinato de un menor de 12 años durante un asalto contra su familia, hecho en el que participaron adolescentes y que reabrió una discusión que llevaba varios años detenida en el ámbito político.
Proyecto permanecía sin avances desde hace varios años
La propuesta relacionada con sanciones para menores permanecía estancada en el Congreso desde 2022, pero el reciente caso volvió a poner el tema en el centro del debate público.
Actualmente, la legislación chilena establece responsabilidad penal para adolescentes a partir de los 14 años. Sin embargo, quienes son procesados bajo el sistema juvenil reciben medidas y condenas distintas a las aplicadas a adultos, con un enfoque orientado hacia la reinserción social.
Las autoridades consideran que algunos delitos de extrema gravedad requieren una revisión de esas condiciones.
¿Cómo funcionaría el nuevo mecanismo?
De acuerdo con la información adelantada por autoridades chilenas, la medida no aplicaría automáticamente a todos los casos.
El procedimiento planteado contempla que un fiscal deba solicitar formalmente que un adolescente sea procesado bajo un esquema similar al de un adulto y posteriormente un juez tendría que autorizar esa petición.
Las autoridades sostienen que el objetivo es establecer herramientas judiciales diferenciadas para delitos que generan una fuerte afectación social.
Caso reciente reavivó la discusión
Durante los últimos meses, uno de los casos que alimentó el debate fue la condena por el asesinato de un ciudadano francés.
Mientras un implicado adulto recibió una condena de cadena perpetua, adolescentes vinculados al mismo hecho recibieron sanciones menores dentro del sistema juvenil.
Ese tipo de situaciones ha generado cuestionamientos sobre si las penas actuales responden adecuadamente a delitos considerados de extrema gravedad.
El gobierno chileno indicó además que buscará acelerar el trámite legislativo mediante un mecanismo de urgencia parlamentaria que permitiría reducir los tiempos de discusión dentro del Congreso.
