La presidenta de la Sala de Casación Penal (Sala III), Patricia Solano, lanzó fuertes críticas al discurso económico del Gobierno al cuestionar el contraste entre la narrativa utilizada durante la campaña electoral y la situación fiscal que, según indicó, enfrenta actualmente el país.
Las declaraciones se dieron en medio del debate sobre el financiamiento del Poder Judicial y la discusión del presupuesto nacional.
“La economía jaguar ya no llega ni a gatito”
Durante su intervención, la magistrada hizo referencia al concepto de “economía jaguar”, utilizado por el Gobierno para destacar el desempeño económico del país.
“Qué curioso, en febrero, antes de las elecciones, teníamos una economía jaguar, fuerte para Costa Rica, y resulta que dos o tres meses después esta economía no llega a gatito”, manifestó.
Cuestiona la falta de recursos
Solano también puso en duda los argumentos del Ejecutivo sobre la escasez de recursos para distintas instituciones públicas.
“Lo que nos dicen es entonces que no hay dinero y que el Fondo Monetario Internacional nos dice que tenemos que ajustar el presupuesto nacional porque no se cumplieron los requisitos”, expresó.
Según la magistrada, existe una contradicción entre el mensaje económico que se transmitía anteriormente y las explicaciones actuales sobre las limitaciones presupuestarias.
Pregunta qué ocurrió con la economía
En sus declaraciones, Solano también cuestionó la evolución de la situación económica durante los últimos años y dirigió sus críticas hacia la gestión del actual ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.
“Si hace cuatro años se recibió una economía que se venía saneando, ¿qué pasó en cuatro años?”, preguntó.
Debate por el presupuesto
Las declaraciones se producen en medio de las diferencias entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo por la asignación de recursos para el funcionamiento de las instituciones públicas.
En las últimas semanas, representantes del Poder Judicial han solicitado mayores recursos para atender las necesidades del sistema de justicia, mientras el Gobierno sostiene que el país enfrenta restricciones fiscales que obligan a mantener disciplina en el gasto público.
