El fiscal general de la República, Carlo Díaz, aseguró que no se someterá a una prueba de polígrafo como las impulsadas por el Gobierno de Laura Fernández para integrantes de la llamada Fuerza Élite, aunque afirmó estar dispuesto a que sus finanzas sean investigadas por las autoridades competentes.
Las declaraciones se producen en medio del debate nacional generado por la utilización de pruebas de confianza dentro de los cuerpos de seguridad y luego de que la presidenta ordenara la destitución de siete altos mandos policiales que no aprobaron dichas evaluaciones.
“No me voy a someter a ninguna prueba”
Díaz fue enfático al señalar que no participará en este tipo de procedimientos por iniciativa del Poder Ejecutivo.
“No me voy a someter a ninguna prueba de polígrafo al menos que la DEA o el FBI me lo pidan”, manifestó el fiscal general.
La afirmación se suma a la posición expresada recientemente por jerarcas del Poder Judicial, quienes también rechazaron participar en evaluaciones de este tipo debido a su condición de jueces y magistrados.
Afirma que pueden revisar sus cuentas bancarias
El jerarca del Ministerio Público sostuvo que no tiene inconveniente en que se investigue su patrimonio y movimientos financieros.
“Pueden investigar mis cuentas bancarias. Nunca he recibido ninguna dádiva del narcotráfico ni me he enriquecido de manera ilícita”, aseguró.
Díaz defendió la transparencia de su actuación como funcionario público y reiteró que está dispuesto a colaborar con cualquier investigación formal que se realice dentro del marco legal.
Debate sobre el uso del polígrafo continúa
Las declaraciones surgen en momentos en que el uso del polígrafo se ha convertido en uno de los temas más discutidos entre el Poder Ejecutivo y otros sectores institucionales.
Mientras el Gobierno sostiene que estas pruebas son una herramienta para detectar posibles vínculos con el crimen organizado y fortalecer los controles internos, diversos juristas y autoridades judiciales han cuestionado su alcance y validez como mecanismo de evaluación.
Tensión entre instituciones
La posición del fiscal general se produce además en un contexto de creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público, marcado por investigaciones, denuncias cruzadas y diferencias públicas sobre diversos temas de interés nacional.
El debate sobre las pruebas de confianza, la lucha contra el narcotráfico y la transparencia en las instituciones continúa ocupando un lugar central en la agenda política y de seguridad del país.
