La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó la destitución inmediata de siete altos mandos policiales luego de que reprobaran las pruebas de polígrafo aplicadas como parte de un proceso de evaluación interna dirigido a detectar posibles nexos con estructuras criminales.
Las evaluaciones alcanzaron a 33 directores generales y regionales pertenecientes a distintos cuerpos policiales del país, en una iniciativa impulsada por el Gobierno para fortalecer los controles de confianza dentro de las instituciones de seguridad.
Evaluaciones incluyeron consultas sobre crimen organizado
De acuerdo con la información oficial, las pruebas fueron desarrolladas en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y contaron con apoyo de agentes especializados de la DEA.
El objetivo era determinar posibles vínculos con organizaciones criminales, recepción de pagos ilícitos, filtración de información sensible, enriquecimiento injustificado y eventuales relaciones con redes de narcotráfico o lavado de dinero.
Las autoridades indicaron que las evaluaciones formaban parte de una estrategia más amplia para depurar y fortalecer los cuerpos policiales.
Los siete funcionarios separados de sus cargos
Por orden de la Presidencia de la República fueron removidos:
- Francisco Cordero, director regional de la Fuerza Pública de Puntarenas.
- Allan Obando, director regional de la Fuerza Pública de Alajuela.
- Junier Villalta, director regional de la Fuerza Pública de la Zona Norte y Crucitas.
- Erika Madriz, directora regional de la Fuerza Pública de Heredia.
- Adrián Noguera, director de la Fuerza Pública de Limón.
- Marlon Cubillo, director regional de la Fuerza Pública de San José.
- Edward Monestel, subdirector general de la Fuerza Pública.
La decisión fue comunicada al ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, quien recibió la instrucción de ejecutar la remoción inmediata de los funcionarios.
Gobierno ordena investigaciones
Además de la destitución, Casa Presidencial ordenó la apertura de investigaciones para analizar el desempeño y las actuaciones de cada uno de los funcionarios separados.
Las pesquisas serán desarrolladas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad y otras instancias competentes, con el propósito de determinar si existen elementos que ameriten acciones administrativas, disciplinarias o judiciales.
Operativo de depuración interna
La medida representa una de las acciones más contundentes adoptadas por el Gobierno dentro de los procesos de control interno en materia de seguridad pública.
La presidenta Laura Fernández ha reiterado que la lucha contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado en las instituciones será una prioridad de su administración.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca enviar una señal de cero tolerancia ante cualquier sospecha de vínculos entre funcionarios públicos y estructuras criminales que operan dentro o fuera del país.
