Un criterio jurídico cuestiona la validez del pacto suscrito tras la ocupación de edificios administrativos.
Informe jurídico cuestiona acuerdo alcanzado tras toma de Rectoría
La Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR) concluyó que el acuerdo firmado entre la Administración universitaria y el Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), tras la ocupación de edificios de Rectoría, presenta una serie de vicios que podrían provocar su nulidad absoluta.
El criterio fue emitido mediante la Opinión Jurídica OJ-207-2026, elaborada en respuesta a una consulta realizada por el rector de la institución.
Señalan falta de capacidad jurídica del MEA
Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la naturaleza del Movimiento Estudiantil Autónomo.
Según la Oficina Jurídica, el MEA carece de personalidad jurídica y, por lo tanto, no tendría capacidad para asumir compromisos que generen efectos sobre el patrimonio universitario o la aplicación de normas institucionales.
El documento sostiene que el reconocimiento del movimiento como actor político no equivale a una representación jurídica formal.
Acuerdo sería más político que vinculante
El análisis señala que varias disposiciones del propio texto reconocen la participación de representantes estudiantiles electos como interlocutores, lo que evidenciaría que el MEA no podía actuar como contraparte formal en la negociación.
Por esa razón, la opinión jurídica considera que el acuerdo se asemeja más a un pacto político que a un instrumento con efectos jurídicos plenamente exigibles.
Cuestionan la forma en que se obtuvo el acuerdo
Otro de los puntos centrales del informe se relaciona con el consentimiento de la Administración universitaria.
La Oficina Jurídica advierte que la firma del acuerdo ocurrió en el contexto de la ocupación de edificios administrativos y que el documento fue presentado como una vía para lograr el desalojo de las instalaciones.
Advierten posible vicio por coacción
El criterio sostiene que esta circunstancia podría afectar la validez del consentimiento otorgado por la Universidad.
Además, señala que algunas cláusulas vinculaban el cumplimiento de los acuerdos con consecuencias relacionadas con la permanencia del rector en su cargo, aspecto que fue considerado incompatible con los principios que rigen la función pública.
Rechazan limitaciones a acciones legales
La opinión jurídica también cuestiona el compromiso institucional de no impulsar acciones punitivas, legales o judiciales contra participantes de la ocupación.
Según el análisis, las potestades sancionatorias y las obligaciones de denuncia de posibles hechos ilícitos no pueden ser objeto de negociación mediante acuerdos administrativos.
Existen investigaciones en curso
El informe recuerda que existen procesos relacionados con presuntos daños al patrimonio institucional y menciona actuaciones judiciales vinculadas a esos hechos.
Por ello, sostiene que la Universidad debe actuar conforme a las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico.
Murales y patrimonio universitario bajo revisión
Otro aspecto analizado corresponde a los murales realizados durante la ocupación.
La Oficina Jurídica indicó que cualquier intervención sobre inmuebles universitarios requiere autorizaciones institucionales específicas y que las autoridades no pueden disponer libremente sobre bienes públicos cuando existen regulaciones técnicas aplicables.
También cuestionan compromisos financieros
El documento además observa disposiciones relacionadas con estudios sobre el financiamiento universitario y compromisos presupuestarios proyectados a largo plazo.
Según el criterio, algunas cláusulas establecen resultados o parámetros previamente definidos antes de la realización de estudios técnicos, lo que genera cuestionamientos sobre su legalidad y viabilidad administrativa.
Oficina Jurídica recomienda revisar el acuerdo
La conclusión del análisis es que el acuerdo presenta múltiples problemas jurídicos relacionados con capacidad de representación, consentimiento, potestades institucionales y manejo de recursos públicos.
Por ello, la Oficina Jurídica recomendó valorar el documento conforme a los criterios expuestos, al considerar que los vicios identificados comprometen seriamente su validez.
