El informe pide quitar a las Juntas de Educación la gestión de obras y trasladarla totalmente al MEP.
Defensoría exige reforma profunda al modelo de infraestructura educativa
La Defensoría de los Habitantes concluyó que el esquema utilizado para administrar la infraestructura educativa en Costa Rica se encuentra agotado y requiere una transformación estructural urgente.
El criterio fue comunicado oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante un informe técnico que advierte sobre fallas que afectan directamente las condiciones en que miles de estudiantes reciben lecciones.
Cientos de centros educativos enfrentan problemas sanitarios
Uno de los principales hallazgos del informe señala que 389 centros educativos iniciaron el curso lectivo 2026 con órdenes sanitarias vigentes.
La situación resulta aún más delicada debido a que ninguno de esos centros contaba con proyectos de reparación asignados al momento de comenzar las clases.
Además, algunas advertencias sanitarias se encuentran catalogadas en condición roja, lo que implica riesgo inminente de cierre.
Cuestionan responsabilidad asignada a las Juntas de Educación
La Defensoría considera que el modelo actual traslada responsabilidades excesivas a las Juntas de Educación y Administrativas.
Actualmente, estos órganos integrados por vecinos y padres de familia voluntarios deben asumir tareas relacionadas con contratación de ingenieros, supervisión de obras y ejecución de proyectos de infraestructura que pueden involucrar montos millonarios.
Según el informe, esa carga supera las capacidades técnicas y legales de quienes integran estas juntas.
Proyectos detenidos y recursos sin ejecutar
Entre las consecuencias identificadas se encuentran proyectos constructivos que permanecen paralizados durante años.
La Defensoría advierte que existen iniciativas con más de una década sin avances, mientras los recursos permanecen congelados y los estudiantes continúan utilizando instalaciones deterioradas.
La defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, sostuvo que el modelo basado en transferencias de fondos a las juntas requiere una reingeniería completa para trasladar la responsabilidad de ejecución a la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE).
Piden devolver la responsabilidad al Estado
El informe plantea que toda la gestión relacionada con construcción, mantenimiento y administración del ciclo de vida de la infraestructura educativa debe recaer exclusivamente en el Estado mediante el MEP.
La Defensoría sostiene que esto permitiría profesionalizar los procesos y reducir los problemas que actualmente afectan el desarrollo de obras en escuelas y colegios.
Solicitan plan de trabajo para la próxima década
Como parte de las recomendaciones, la institución pidió al MEP desarrollar una programación decenal para el período 2026-2035.
La propuesta contempla un portafolio transparente que detalle cuáles centros educativos serán intervenidos, cuánto costarán las obras, cuáles serán las fuentes de financiamiento y los plazos de ejecución, con prioridad para aquellos que mantienen órdenes sanitarias vigentes.
Por su parte, Rocío Solís respaldó las recomendaciones y señaló que, pese al esfuerzo de quienes integran las juntas, muchas veces no cuentan con la capacitación necesaria en administración pública ni en procesos de contratación.
