La iniciativa crea una unidad especial, obliga registros de ventas y endurece controles internos.
El proyecto de ley para proteger la infraestructura energética nacional, expediente 25.206, dio un paso clave en la Asamblea Legislativa al recibir el respaldo de la Comisión de Asuntos Jurídicos y quedar listo para su discusión en el Plenario.
La iniciativa surge en medio de la preocupación por el aumento de las tomas ilegales en el poliducto, una práctica que las autoridades consideran una amenaza para la seguridad de las comunidades y para la protección de activos estratégicos del país.
Nuevas herramientas para proteger el poliducto
Tras una mesa de trabajo entre diputados y Recope, el texto fue ajustado con cambios técnicos orientados a fortalecer la seguridad jurídica de las acciones que se ejecuten para combatir el robo de combustible.
Entre las principales medidas destaca la creación de una unidad especializada para la protección de los ductos. Su ámbito de acción estará limitado a las instalaciones de Recope y a los 418 kilómetros de servidumbre de paso asociados al sistema.
Además, el proyecto establece un régimen de disponibilidad permanente para garantizar respuestas rápidas ante cualquier intento de manipulación del poliducto.
Control sobre equipos utilizados en el mercado ilegal
Otro de los cambios incluidos en la propuesta es la implementación de un registro obligatorio para la venta de mangueras industriales de más de 100 metros.
La medida busca fortalecer los mecanismos de control sobre herramientas que suelen ser utilizadas en actividades vinculadas al mercado ilegal de hidrocarburos.
Más controles para funcionarios del sistema de combustibles
La iniciativa también incorpora disposiciones dirigidas a prevenir actos de corrupción dentro del Sistema Nacional de Combustibles.
Como parte de esas medidas, los funcionarios que ocupen puestos clave deberán presentar una declaración jurada patrimonial, con el objetivo de reforzar la transparencia y la fiscalización.
Delitos que contempla el proyecto
La propuesta no se limita al robo de combustible. El texto también contempla sanciones relacionadas con el transporte, almacenamiento y comercialización ilegítima de hidrocarburos.
Asimismo, incorpora como conductas delictivas la manipulación de sistemas tecnológicos de control utilizados dentro de la infraestructura energética.
Recope pide respaldo legal
La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, señaló que la institución cuenta con la experiencia operativa y el criterio técnico necesarios para proteger estos activos, pero considera indispensable contar con un marco jurídico que facilite la coordinación con los cuerpos policiales.
Con el dictamen afirmativo de la comisión, el expediente 25.206 queda ahora en manos de los 57 diputados, quienes deberán debatir y votar la propuesta en el Plenario Legislativo.
