Un informe interno señaló posibles riesgos para el patrimonio público tras la decisión de permitir que exlegisladores conservaran sus dispositivos móviles.
Auditoría pone en duda entrega de celulares a exdiputados
Una auditoría interna de la Asamblea Legislativa cuestionó la decisión que permitió a exdiputados conservar los teléfonos celulares asignados durante el ejercicio de sus funciones.
El informe, emitido en enero de 2026, advierte que la práctica podría representar una cesión irregular de bienes públicos, aunque la administración legislativa sostiene que actuó conforme a la normativa vigente.
Cambio de regla permitió conservar los dispositivos
Históricamente, los legisladores debían devolver los celulares al finalizar su período.
Sin embargo, un acuerdo adoptado por el Directorio Legislativo en diciembre de 2024 modificó la normativa interna para catalogar estos equipos como bienes consumibles una vez concluido su plan de servicios de 24 meses.
Con base en esa reforma, la gerente general de la Asamblea, Karla Granados, emitió una circular que autorizó a los exlegisladores a quedarse con los dispositivos.
Auditoría alerta sobre posible irregularidad
La auditoría interna señaló que la entrega de los teléfonos podría constituir una cesión de bienes sin cumplir con los procedimientos formales de desafectación patrimonial.
Según el informe, los bienes públicos solo pueden ser retirados legalmente mediante mecanismos establecidos como:
- Baja administrativa.
- Donación autorizada.
- Subasta pública.
- Canjes formalmente aprobados.
El documento advierte que omitir estos procesos puede afectar directamente el patrimonio institucional.
Cuestionan criterio utilizado
Otro de los señalamientos del informe se relaciona con la valoración de los dispositivos.
La auditoría considera incorrecto asumir que un celular de alta gama deja de tener utilidad únicamente porque su valor contable se reduzca a cero tras dos años de uso.
Según el análisis, la pérdida de valor en los registros contables no convierte automáticamente el bien en un artículo desechable.
Riesgo para la imagen institucional
El informe también advirtió posibles repercusiones en la percepción pública de la Asamblea Legislativa.
La auditoría señaló que la medida podría interpretarse como un uso privilegiado de recursos públicos en beneficio de los legisladores, afectando la imagen institucional.
Asamblea defiende la decisión
Consultada sobre las observaciones realizadas, la Gerencia General sostuvo que las recomendaciones de la auditoría fueron consideradas.
Además, indicó que los ajustes normativos realizados contaron con respaldo de acuerdos del Directorio Legislativo y criterios técnicos que permitieron clasificar los equipos como bienes consumibles.
Congreso adjudica nuevo contrato de telefonía
Paralelamente, la Asamblea Legislativa adjudicó una nueva contratación para servicios de telefonía celular destinados a los actuales diputados.
De acuerdo con información registrada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el contrato contempla un límite presupuestario estimado de ₡232 millones para los próximos cuatro años.
La administración aclaró que se trata de una contratación bajo la modalidad de demanda, por lo que el monto corresponde a una estimación máxima y no a una ejecución obligatoria en su totalidad.
Diputados defienden utilidad del servicio
La diputada Ángela Aguilar señaló que el teléfono constituye una herramienta útil para el desarrollo de las labores legislativas.
Por su parte, Claudia Dobles afirmó que disponer de un dispositivo exclusivo para el trabajo facilita la comunicación con la ciudadanía y la gestión de funciones parlamentarias.
