La Sala Constitucional rechazó una acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, con la que buscaba frenar el mecanismo utilizado por Costa Rica para recibir personas deportadas desde Estados Unidos.
Con esta resolución, los magistrados mantuvieron vigente el procedimiento implementado por el Gobierno y descartaron los argumentos planteados por el dirigente liberacionista.
Tribunal no encontró violaciones constitucionales
La gestión impulsada por Guillén cuestionaba la legalidad del esquema mediante el cual el país recibe personas deportadas desde territorio estadounidense.
Según la acción presentada, el mecanismo podía generar afectaciones al ordenamiento jurídico nacional.
Sin embargo, la Sala IV concluyó que los señalamientos expuestos no demostraban una vulneración concreta a principios o normas constitucionales, razón por la cual decidió rechazar el recurso.
Mecanismo migratorio permanece vigente
La decisión permite que continúe operando el modelo acordado para la recepción y manejo de personas deportadas que ingresan al territorio nacional bajo ese esquema.
El fallo representa un respaldo a la actuación del Poder Ejecutivo en materia migratoria y mantiene sin modificaciones las herramientas utilizadas para administrar estos flujos de personas.
Segundo revés consecutivo para Guillén
La resolución se produce pocas semanas después de que la misma Sala Constitucional rechazara otra acción impulsada por Miguel Guillén.
En aquella ocasión, el dirigente del PLN intentó impugnar la participación de Costa Rica en la iniciativa regional conocida como “Escudo de las Américas”, vinculada a esfuerzos internacionales para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo.
Los magistrados también descartaron esos argumentos y declararon improcedente la gestión.
Estrategia jurídica no prospera
Con ambas resoluciones, la Sala Constitucional ha rechazado los principales recursos impulsados recientemente por el secretario general liberacionista contra decisiones adoptadas por el Gobierno.
Las sentencias refuerzan la vigencia de las medidas cuestionadas y representan un importante respaldo jurídico para el Ejecutivo en temas relacionados con migración y cooperación regional en materia de seguridad.
Mientras tanto, el debate político sobre estas iniciativas continúa abierto entre oficialismo y oposición, aunque los intentos de revertirlas por la vía constitucional no han logrado avanzar ante el máximo tribunal constitucional del país.
