Un nuevo golpe a la credibilidad de las fuerzas de seguridad de Honduras quedó al descubierto luego de que un tribunal declarara culpables a 11 agentes policiales por una serie de delitos cometidos contra dos ciudadanos filipinos, en un caso que ha reavivado las denuncias sobre abusos de poder dentro de cuerpos especializados de seguridad.
La resolución judicial se produce en medio de una profunda crisis institucional que también llevó recientemente al cierre de una de las unidades policiales más cuestionadas del país.
Tribunal responsabiliza a los agentes por múltiples delitos
Las autoridades judiciales hondureñas confirmaron que los uniformados fueron hallados culpables por delitos que incluyen robo con violencia, privación ilegal de libertad, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de otras conductas consideradas graves por la legislación nacional.
Los hechos investigados ocurrieron en noviembre de 2023 en el municipio de Villanueva, ubicado en el norte de Honduras.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, los policías ingresaron sin autorización a la vivienda donde residían dos ciudadanos filipinos y posteriormente los sometieron a diversas agresiones.
La investigación concluyó que las víctimas fueron retenidas contra su voluntad y sometidas a actos de violencia física y psicológica durante el procedimiento.
Fiscalía denuncia montaje de pruebas
Uno de los elementos más delicados del caso es la denuncia de que los agentes habrían manipulado evidencia para justificar sus acciones.
Las autoridades sostienen que los policías no solo cometieron abusos durante la operación, sino que además intentaron construir una versión falsa de los hechos mediante la colocación irregular de pruebas.
Este aspecto fue considerado especialmente grave durante el proceso judicial debido a su impacto sobre la administración de justicia y los derechos fundamentales de las víctimas.
Sentencia llega en medio de una crisis policial
La condena ocurre pocos días después de que el gobierno del presidente Nasry Asfura ordenara la desarticulación de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco).
La decisión fue tomada tras una serie de cuestionamientos relacionados con procedimientos irregulares y denuncias de abuso de autoridad.
La unidad había ganado relevancia durante los últimos años por su participación en operaciones contra estructuras criminales, aunque también acumulaba numerosas críticas por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Una unidad marcada por la polémica
Diversas organizaciones nacionales e internacionales habían señalado durante años la actuación de la Dipampco.
Las denuncias incluían:
- Uso excesivo de la fuerza.
- Detenciones arbitrarias.
- Violaciones a derechos humanos.
- Procedimientos cuestionados durante operativos.
- Falta de controles internos efectivos.
Incluso Estados Unidos, que en etapas anteriores colaboró con programas de capacitación para esta unidad, terminó retirando parte de su apoyo debido a preocupaciones relacionadas con su desempeño institucional.
Operativo mortal aceleró su desaparición
La decisión de cerrar la unidad también estuvo relacionada con un incidente ocurrido en mayo de este año.
Durante una operación antidrogas realizada cerca de la frontera con Guatemala, cinco integrantes de la Dipampco murieron en circunstancias que posteriormente generaron múltiples cuestionamientos.
Las investigaciones revelaron inconsistencias en la planificación y ejecución del procedimiento, lo que provocó la suspensión de varios mandos policiales antes de que finalmente se anunciara la desaparición definitiva de la unidad.
Honduras enfrenta desafíos en materia de seguridad
El caso se desarrolla en un contexto complejo para Honduras, país que durante los últimos años ha intentado fortalecer su estrategia contra el crimen organizado y las pandillas.
La administración de la expresidenta Xiomara Castro impulsó medidas extraordinarias de seguridad inspiradas parcialmente en políticas aplicadas en otros países de Centroamérica.
Sin embargo, diversos sectores han advertido que la lucha contra la delincuencia debe ir acompañada de mecanismos efectivos de supervisión para evitar abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
Próxima audiencia definirá las penas
Aunque la culpabilidad de los 11 agentes ya fue determinada por el tribunal, todavía está pendiente la audiencia en la que se establecerán las condenas específicas que deberá cumplir cada uno de los implicados.
Las autoridades judiciales programaron esa etapa del proceso para el próximo 22 de junio.
La decisión será seguida de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos, sectores diplomáticos y observadores internacionales que consideran este caso como una prueba importante para la rendición de cuentas dentro de las instituciones de seguridad hondureñas.
