La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este viernes que su gobierno trabaja en un proyecto de ley destinado a fortalecer los controles dentro de los centros penitenciarios de máxima seguridad, ante la preocupación de que líderes criminales continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.
El anuncio se realizó durante una reunión estratégica en la que participaron diputados y representantes del Poder Judicial, espacio donde la mandataria aseguró que el país no puede permitir que estructuras criminales sigan operando desde los centros penales.
Gobierno denuncia fallas en cárceles de máxima seguridad
Durante su intervención, Fernández sostuvo que existen debilidades evidentes en los mecanismos de control penitenciario, situación que, según indicó, facilita que algunos privados de libertad mantengan contacto constante con organizaciones delictivas fuera de prisión.
La jerarca manifestó que estos grupos continúan enviando instrucciones, recados e incluso coordinando recursos para sus operaciones criminales, pese a encontrarse recluidos bajo regímenes de máxima seguridad.
Señalan exceso de visitas a privados de libertad
Uno de los aspectos que más cuestionó la mandataria fue el sistema de visitas dentro de los centros penales.
Según afirmó, existen casos en los que una misma persona privada de libertad recibe hasta 17 visitas durante una sola semana, situación que calificó como incompatible con los objetivos de control y seguridad que deben existir dentro de este tipo de establecimientos.
Para Fernández, esta dinámica podría facilitar el flujo de información entre los líderes criminales encarcelados y las estructuras que permanecen activas en las calles.
Proyecto contempla grabación de visitas
Como respuesta a esta situación, el Poder Ejecutivo trabaja en una iniciativa legal que pretende reformar diversos aspectos relacionados con las comunicaciones dentro de los centros penitenciarios.
Entre las medidas planteadas figura la grabación obligatoria de las visitas que reciben los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.
Además, la propuesta buscaría revisar el acceso a distintos mecanismos de comunicación y establecer nuevas reglas para los encuentros entre los reclusos y sus representantes legales.
Trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa
La presidenta indicó que el proyecto será discutido con los 57 diputados de la Asamblea Legislativa una vez concluida su redacción.
Según explicó, el objetivo es crear un marco legal que permita impedir que las visitas sean utilizadas como mecanismos para transmitir órdenes o mensajes hacia organizaciones criminales fuera de prisión.
La iniciativa aún no ha sido presentada oficialmente al Congreso, pero desde ya se perfila como una de las propuestas más polémicas en materia de seguridad impulsadas por el Gobierno durante este periodo.
