La tensión política y social en Bolivia alcanzó uno de sus puntos más delicados de los últimos años. Después de casi un mes de bloqueos, marchas y protestas masivas en distintas regiones del país, el presidente Rodrigo Paz lanzó una advertencia que refleja la gravedad del escenario: “La situación está llegando al límite”.
Las manifestaciones comenzaron como reclamos por el deterioro económico, pero con el paso de las semanas evolucionaron hasta convertirse en un movimiento que ahora exige directamente la salida del mandatario.
La Paz y El Alto, convertidas en el epicentro del conflicto
Las ciudades de La Paz y El Alto concentran la mayor parte de las protestas y bloqueos. Las carreteras cerradas provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, mientras miles de ciudadanos enfrentan dificultades para movilizarse diariamente.
Transportistas, campesinos, maestros, obreros y organizaciones indígenas mantienen movilizaciones constantes en distintos puntos del país.
En varias zonas, el transporte público funciona parcialmente y algunos mercados comenzaron a registrar incrementos importantes en los precios de productos básicos.
Incluso grupos de vecinos han salido a las calles para protestar contra los bloqueos, reflejando cómo la crisis ya empezó a dividir a distintos sectores de la población.
El propio presidente Rodrigo Paz aseguró que las pérdidas económicas superan los 600 millones de dólares y calificó el impacto actual como “peor que el Covid”.
¿Por qué explotó la crisis?
El origen del conflicto está directamente relacionado con el deterioro económico que Bolivia arrastra desde 2023.
El país agotó gran parte de sus reservas internacionales de dólares intentando sostener subsidios estatales, especialmente en combustibles. Cuando el gobierno eliminó esas ayudas poco después de asumir el poder, los precios se dispararon rápidamente.
La situación empeoró tras denuncias de venta de combustible adulterado, un escándalo conocido popularmente como la “gasolina basura”, que provocó daños mecánicos en miles de vehículos y aumentó el enojo de transportistas y conductores.
A eso se sumó un proyecto impulsado por el gobierno para modificar la clasificación de pequeñas propiedades rurales y facilitar acceso a créditos.
Sin embargo, organizaciones campesinas e indígenas interpretaron la iniciativa como una amenaza que eventualmente podría favorecer la concentración de tierras en manos de grandes propietarios o entidades financieras.
Analistas políticos consideran que el gobierno perdió rápidamente respaldo en sectores rurales e indígenas que originalmente habían apoyado la candidatura de Paz.
Las protestas pasaron de reclamos económicos a una exigencia política
Aunque inicialmente las movilizaciones buscaban respuestas económicas, el escenario cambió rápidamente.
Actualmente, muchos grupos ya exigen la renuncia del presidente.
Las manifestaciones crecieron durante mayo con la incorporación de sindicatos de maestros, trabajadores mineros y la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), que reclama aumentos salariales equivalentes a la inflación acumulada.
La inflación boliviana ronda actualmente el 20%, uno de los niveles más altos registrados en décadas dentro del país.
En las calles, el tono de las protestas también subió considerablemente.
“No tenemos miedo de morir”, declaró durante una movilización en La Paz la dirigente campesina Marta Poma Luque, una frase que refleja el nivel de radicalización que atraviesa parte del movimiento social.
El gobierno responde con amenazas de medidas excepcionales
Mientras las protestas continúan, el Congreso eliminó recientemente restricciones que limitaban la capacidad presidencial para decretar estados de excepción.
Eso abre la puerta para que el gobierno pueda recurrir a militares y restringir libertades de movimiento y reunión si considera que el orden interno está en riesgo.
Rodrigo Paz endureció su discurso en las últimas horas.
“El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente”, afirmó durante una actividad oficial en La Paz.
Pese a eso, el mandatario también insiste en convocar al diálogo.
El problema para el gobierno es que las protestas no tienen un liderazgo único, lo que dificulta cualquier negociación formal.
Incluso el vicepresidente Edmand Lara, hoy distanciado políticamente de Paz, llamó públicamente a buscar acuerdos nacionales para evitar una escalada mayor.
El fantasma de Evo Morales vuelve a aparecer
Otro elemento central en la crisis es el papel del expresidente Evo Morales.
El gobierno acusa directamente al líder cocalero de impulsar las movilizaciones para desestabilizar al país y eventualmente regresar al poder.
Morales, refugiado políticamente en la región del Chapare mientras enfrenta investigaciones judiciales por presunta trata de una menor, rechaza esas acusaciones.
En declaraciones recientes aseguró que Bolivia vive una “rebelión popular” contra un gobierno “sometido a Estados Unidos”.
La administración Paz, por su parte, sostiene que existe un intento de alterar el orden democrático y denuncia una estrategia de desgaste político impulsada desde sectores ligados al antiguo oficialismo socialista.
Estados Unidos incluso manifestó respaldo al gobierno boliviano y advirtió sobre posibles intentos de “golpe de Estado”.
Un gobierno cada vez más debilitado
En medio del conflicto, Rodrigo Paz anunció medidas simbólicas como reducir a la mitad su salario presidencial, pero el gesto tuvo poco impacto en las calles.
Expertos consideran que el margen de maniobra del mandatario es cada vez más reducido.
Algunos analistas creen que el gobierno enfrenta una batalla de desgaste donde todavía no está claro quién cederá primero: los manifestantes, la ciudadanía afectada por los bloqueos o el propio Ejecutivo.
Mientras tanto, Bolivia sigue atrapada en una combinación explosiva de inflación, descontento social, polarización política y una creciente tensión institucional que mantiene al país en uno de los momentos más inestables de los últimos años.
