La huelga de hambre iniciada por varios privados de libertad en el complejo penitenciario La Reforma provocó este lunes una contundente reacción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, quien aseguró que el Gobierno no negociará bajo presión ni modificará el régimen actual de las cárceles.
Durante declaraciones brindadas este 25 de mayo, el jerarca rechazó las denuncias realizadas por reclusos, quienes afirman que las porciones de comida entregadas dentro del centro penal son insuficientes y que varios han experimentado pérdida de peso y hambre constante desde hace semanas.
Sin embargo, Aguilar respondió con un discurso de línea dura y dejó claro que la administración mantendrá firme su postura frente a cualquier protesta dentro del sistema penitenciario.
“No más alcahueterías, no más pobrecitos, no más golondrinas. Sepan que si delinquen y llegan a una cárcel, no van a encontrar un resort de playa”, expresó el ministro.
Gobierno descarta negociar por huelga de hambre
Las manifestaciones dentro de La Reforma surgieron luego de que grupos de privados de libertad cuestionaran las condiciones de alimentación en el centro penal y aseguraran que las raciones no serían suficientes para cubrir necesidades básicas.
Pese a ello, el ministro insistió en que las comidas entregadas cumplen con criterios técnicos y nutricionales establecidos por especialistas, por lo que descartó cualquier irregularidad en el suministro alimentario.
Además, fue aún más contundente al referirse directamente a la huelga de hambre impulsada por algunos reclusos.
“No vengan a chantajear con huelgas de hambre. Si no quieren comer, no coman”, manifestó Aguilar.
Justicia mantiene política de “mano dura”
Las declaraciones del jerarca reflejan la línea que el Ministerio de Justicia busca mantener dentro de los centros penitenciarios, enfocada principalmente en disciplina, control y endurecimiento de medidas carcelarias.
Según indicó Aguilar, el Gobierno no permitirá presiones que alteren la operatividad del sistema penitenciario ni cederá ante intentos de manipulación por parte de privados de libertad.
La situación ocurre en un contexto donde las cárceles costarricenses continúan enfrentando problemas de hacinamiento, violencia interna y cuestionamientos sobre condiciones de permanencia, especialmente en módulos de máxima seguridad y alta contención.
Pese a las críticas de algunos sectores defensores de derechos humanos, el ministro reiteró que su administración mantendrá la estrategia de orden y autoridad dentro de las prisiones del país.
