El exdiputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, lanzó un fuerte llamado público contra el proyecto de armonización eléctrica impulsado por el Gobierno y pidió directamente a Claudia Dobles Camargo y Álvaro Ramos Chaves no respaldar esa iniciativa.
El exlegislador aseguró que la discusión sobre el futuro del sistema eléctrico nacional va mucho más allá de un tema técnico o económico y advirtió que, desde su perspectiva, podría convertirse en una amenaza para la institucionalidad pública costarricense.
Según manifestó Robles, la defensa de la democracia no solamente implica evitar concentraciones de poder político, sino también proteger instituciones históricas que han permitido sostener un modelo solidario en el país.
El exdiputado sostuvo que proyectos relacionados con la apertura y armonización del mercado eléctrico podrían favorecer intereses privados y debilitar al Instituto Costarricense de Electricidad, institución que calificó como uno de los principales pilares del desarrollo social costarricense.
Robles insistió en que el ICE ha sido clave para garantizar acceso a electricidad en comunidades alejadas o sectores donde, según dijo, empresas privadas no tendrían incentivos económicos para invertir.
“Debilitar al ICE es debilitar oportunidades para miles de personas”, señaló el exdiputado en su pronunciamiento, donde también afirmó que un eventual deterioro de la institución podría afectar directamente a poblaciones vulnerables.
El llamado tomó relevancia política debido a que fue dirigido específicamente a Claudia Dobles y Álvaro Ramos, figuras vinculadas a sectores distintos al oficialismo y que han tenido protagonismo dentro de recientes discusiones nacionales.
A criterio de Robles, apoyar iniciativas impulsadas por el Ejecutivo en materia energética podría representar un “primer golpe” contra la institucionalidad costarricense y abrir espacios para cambios más profundos en el modelo eléctrico nacional.
El debate sobre la armonización eléctrica ha generado posiciones encontradas en distintos sectores políticos, empresariales y sindicales. Mientras algunos grupos sostienen que el sistema requiere modernización y apertura para aumentar competitividad y eficiencia, otros advierten riesgos sobre el futuro del modelo solidario que históricamente ha administrado el ICE.
