El Ejecutivo analiza opciones de decreto y de ley, pero espera el fallo de la Sala Segunda sobre si Uber tiene relación laboral con sus conductores antes de tomar posición definitiva
Thompson: «Hay un grupo estudiando cómo balancear Uber y los taxis»; sin plazo ni propuesta
San José — Más de una década después de que Uber llegó a Costa Rica, el debate sobre cómo regular las plataformas digitales de transporte sigue sin solución y el gobierno de Laura Fernández no tiene todavía una postura concreta. El ministro de Trabajo, Roy Thompson, confirmó que existe un grupo interinstitucional analizando el tema, pero fue explícito en que no puede decir qué va a proponer ni cuándo.
«Estamos analizando qué opciones a nivel de decretos, qué opciones a nivel legal tendríamos que hacer, y hay varios caminos por los que podríamos hacerle frente a este tema», señaló Thompson en entrevista con Teletica.
La variable que lo complica todo: la Sala Segunda
El factor que más condiciona la decisión del Ejecutivo es judicial, no político. Un Tribunal de Apelación ya confirmó la existencia de una relación laboral entre Uber y uno de sus conductores, y el caso ahora espera sentencia final de la Sala Segunda, que sentará un precedente vinculante para todo el sector.
Thompson fue categórico: el Ejecutivo no se adelantará al fallo. «No podemos reaccionar ante la posibilidad de que el Poder Judicial haga esto o haga lo otro; desde el punto de vista constitucional, nosotros tenemos que esperar y, una vez que estas relaciones hayan sido reconocidas o no en la sede jurisdiccional, nosotros reaccionaremos como la ley nos obliga.»
Si la Sala Segunda confirma la relación laboral, las plataformas deberán pagar cargas sociales, Caja y prestaciones a sus conductores, lo que cambiaría radicalmente el modelo de negocio y el terreno sobre el que se construiría cualquier regulación.
El reclamo de los taxistas que sigue sin respuesta
Los taxistas llevan años señalando una asimetría concreta: ellos deben cumplir con concesiones, tarifas reguladas, pólizas y controles estatales que las plataformas no enfrentan. Esa desigualdad ha provocado protestas, operativos y múltiples proyectos de ley que no prosperaron. El gobierno de Fernández heredó el problema intacto.
