La presidenta de la República, Laura Fernández, lanzó este lunes fuertes cuestionamientos sobre la permanencia prolongada de magistrados en la Corte Suprema de Justicia, poniendo como ejemplo el caso de Orlando Aguirre, quien acumula 37 años en el máximo tribunal del país.
Las declaraciones surgieron durante un encuentro realizado en Casa Presidencial con representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), donde la mandataria adelantó que el Gobierno impulsará nuevas reformas relacionadas con el sistema judicial y penal costarricense.
Fernández aseguró que el Gobierno prepara un paquete de proyectos de ley enfocados en reformas profundas al sistema judicial y penal del país.
“Mi equipo de trabajo y yo somos del criterio de que la cirugía que necesita el Poder Judicial es mayor. Yo no concibo ser una presidenta de la República pasiva con lo que, a todas luces, el pueblo de Costa Rica señala un día sí y otro también”, expresó.
La mandataria indicó que las iniciativas incluirán temas relacionados con la ejecución de la pena, así como reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
En medio de la actividad, Fernández aprovechó para preguntarle directamente a Aguirre cuánto tiempo llevaba como magistrado.
“Don Orlando, ¿hace cuántos años usted es magistrado?”, consultó la presidenta, a lo que el jerarca respondió: “Tengo 37 años, voy a cumplir creo, de ser magistrado de la Corte”.
Tras la respuesta, Fernández comparó la trayectoria del magistrado con su propia edad.
“Don Orlando tiene 37 años de ser magistrado y yo tengo 39 años de vida”, afirmó.
La presidenta señaló que todos los poderes de la República deben rendir cuentas y cuestionó la permanencia prolongada de funcionarios en cargos públicos.
“A mí me parece que todos los poderes de la República deben rendir cuentas y que no deben existir funcionarios vitalicios en la función pública”, manifestó.
No obstante, Fernández aclaró que sus cuestionamientos no implican apoyar una eventual politización en los nombramientos o reelecciones de magistrados.
“Eso no significa que yo vaya a consentir politización y manoseo político en los nombramientos y reelecciones de los magistrados”, agregó.
La jerarca insistió en que periodos tan extensos en puestos judiciales deben llevar a una reflexión nacional sobre la eficiencia y la evaluación de desempeño dentro del Poder Judicial.
“Treinta y siete años es un plazo que debe llamarnos a toda la reflexión de si eso promueve la eficiencia y eficacia, y si las reelecciones de los magistrados están sujetas a evaluaciones y cumplimiento de funciones que la Constitución y las leyes les dan o si se les da como un premio o si cumplieron o no con algunos favores o algunas prerrogativas que esa es una presunción mía”, concluyó.
