La presidenta Laura Fernández Delgado elevó este lunes el tono de la discusión nacional sobre seguridad y justicia al dejar abierta, de forma directa, la posibilidad de convocar a un referéndum para impulsar reformas estructurales al Poder Judicial.
El anuncio se produjo luego de una extensa reunión en Casa Presidencial con las máximas autoridades judiciales del país, en medio de crecientes tensiones por el aumento de la criminalidad, las liberaciones anticipadas y las diferencias sobre cómo enfrentar el avance del narcotráfico y las organizaciones criminales.
En el encuentro participaron Orlando Aguirre Gómez, Patricia Solano Castro, Carlo Díaz Sánchez y Michael Soto Rojas.
Aunque la reunión permitió alcanzar algunos acuerdos operativos entre instituciones, el Gobierno reconoció que no logró consenso en varios de los temas más sensibles de su agenda de seguridad.
Entre los puntos en los que sí hubo avance figura una mayor coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía para reforzar la fiscalización de beneficios penitenciarios y liberaciones anticipadas de privados de libertad.
Sin embargo, otros asuntos relacionados con reformas legales, endurecimiento penal y cambios estructurales dentro del sistema judicial quedaron estancados tras diferencias entre el Ejecutivo y los jerarcas judiciales.
Fue precisamente ese escenario el que llevó a Fernández a plantear públicamente la posibilidad de recurrir directamente al pueblo mediante consultas populares si las reformas no avanzan en la Asamblea Legislativa.
La mandataria dejó claro que el Ejecutivo no pretende frenar sus iniciativas ante eventuales bloqueos políticos o institucionales y aseguró que el aspecto económico no representa ningún obstáculo para impulsar referéndums.
Fernández afirmó que los recursos ahorrados por su agrupación política durante la campaña electoral permitirían financiar sin problema procesos de consulta nacional.
Las declaraciones reflejan un endurecimiento del discurso del Gobierno frente a las instituciones judiciales y marcan un nuevo capítulo en la discusión sobre seguridad pública, uno de los temas que más preocupa actualmente a la población costarricense.
El planteamiento de una eventual consulta popular también aumenta la presión sobre los diputados, quienes deberán discutir en las próximas semanas varios proyectos impulsados por el Ejecutivo relacionados con crimen organizado, endurecimiento de penas y fortalecimiento de cuerpos policiales.
La tensión ocurre en un contexto donde Costa Rica enfrenta cifras históricas de violencia, crecimiento de estructuras ligadas al narcotráfico y constantes cuestionamientos sobre la efectividad del sistema judicial para contener el avance del crimen organizado.
