San José — El líder del Partido Acción Ciudadana, Ottón Solís, lanzó una acusación directa contra el expresidente Rodrigo Chaves: la prohibición al Instituto Costarricense de Electricidad de hacer negocios con la empresa tecnológica china Huawei no habría sido una decisión soberana del gobierno costarricense, sino una orden de Donald Trump que Chaves acató sin resistencia.
«Trump ordenó al entonces presidente Chaves que prohibiera al ICE, una empresa estatal costarricense, hacer negocios con la empresa china Huawei. El expresidente Chaves sumisamente aceptó la orden, obligando así al ICE a recurrir a suplidores más caros y más atrasados tecnológicamente», afirmó Solís.
La contradicción que Solís señala
El argumento del exdiputado tiene un punto de apoyo concreto en el contexto actual: Trump viajó esta semana a China acompañado de algunos de los empresarios más poderosos de Estados Unidos, incluyendo a Elon Musk, precisamente para facilitar negocios entre corporaciones estadounidenses y compañías chinas.
«Lo que es bueno para Musk no es bueno para el ICE. ¡Pareciera que China es buena para las empresas gringas, pero no para las costarricenses!», señaló Solís, apuntando a lo que califica como un doble estándar de Washington: frenar el acceso de países latinoamericanos a tecnología china mientras sus propias empresas consolidan acuerdos comerciales con Pekín.
El fondo político del ataque
Solís fue más allá del análisis económico y convirtió el episodio en una crítica a la independencia del gobierno Chaves. «Que Trump tenga esos dobles estándares no nos debe asombrar, pero que nuestro presidente haya mansamente acatado la orden exhibe la incapacidad para comprender el significado de la palabra dignidad, independencia y soberanía de muchos de nuestros dirigentes políticos», concluyó.
La acusación de Solís no viene respaldada por documentación pública que confirme la existencia de una «orden» directa de Trump a Chaves. Sin embargo, sí es un hecho conocido que durante la administración Chaves el ICE descartó a Huawei en sus procesos de licitación para el despliegue de infraestructura de red, en un contexto en que Washington presionaba activamente a sus aliados latinoamericanos para excluir a la empresa china de sus redes de telecomunicaciones, aludiendo a riesgos de seguridad nacional.
