San José — La presidenta Laura Fernández da un paso inusual en su segunda semana de gobierno: convocó formalmente a las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa a reuniones de trabajo en Casa Presidencial para el martes 19 de mayo. El PPSO tiene 31 votos en el Congreso, mayoría suficiente para aprobar legislación ordinaria sin apoyo externo. Sin embargo, Fernández elige la negociación antes que la imposición.
Las reuniones son escalonadas: el PLN a las 8:30 a.m., el Frente Amplio a las 10:00 a.m. y la Coalición Agenda Ciudadana junto al PUSC a las 11:00 a.m.
La agenda que Fernández quiere destrabar
Los temas que el Ejecutivo llevará a la mesa son los mismos que quedaron sin resolver en el período anterior: la explotación minera en Crucitas, la modernización de la ley de radio y televisión, el proyecto de Ciudad Gobierno y la construcción de la marina de Limón. Todos son proyectos que requieren respaldo legislativo y que, en distintos momentos, encontraron resistencia en la Asamblea pasada.
La mandataria ha señalado en días recientes que esos bloqueos fueron un obstáculo real para el desarrollo del país durante el cuatrienio Chaves, y que su gobierno no repetirá ese patrón.
El cálculo político detrás de la convocatoria
Que Fernández convoque primero a la oposición antes de avanzar por la vía de su propia mayoría tiene una lógica estratégica clara. Proyectos polémicos como la minería en Crucitas generan un costo político más alto cuando se aprueban con votos exclusivamente oficialistas. Arrastrar aunque sea a una fracción opositora en el proceso de negociación distribuye ese costo y da a las iniciativas una legitimidad más amplia.
El martes también revelará cuál es el umbral de acuerdo de cada fracción: el PLN, con 17 diputados, es la llave más valiosa para el Ejecutivo; el Frente Amplio será el más difícil de convencer en temas como Crucitas; y el PUSC junto a Agenda Ciudadana representan el terreno intermedio donde pueden encontrarse puntos de coincidencia.
